Movilidad anuncia una parada con barrera para taxis concertados en el aeropuerto

El Ayuntamiento de Sevilla quiere arreglar los problemas del taxi en el aeropuerto de San Pablo instalando una parada con una barrera para los taxis concertados. Lejos de atreverse a ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga al gobierno local a implantar el turno rotatorio de taxis en la terminal aérea, la solución que ha ideado el Consistorio pasa por la instalación de una barrera y reforzar la presencia policial para controlar a los vehículos concertados. Así lo anunció ayer en rueda de prensa el delegado de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento hispalense, Juan Carlos Cabrera.

El concejal compra así la versión del conflicto que sostiene desde hace años la asociación Solidaridad del Taxi, mayoritaria entre los conductores que rinden en el aeropuerto de San Pablo. Esta entidad lleva años hablando del fuerte intrusismo que padece el sector en la terminal. Sin embargo, otros colectivos del sector apuntan que el verdadero problema del aeropuerto es el monopolio que pretende imponer un grupo reducido de taxistas, y no tanto el intrusismo, puesto que tanto los taxis concertados como los vehículos de alquiler con conductor (VTC) ejercen su trabajo de manera legal.

El conflicto se ha ido recrudeciendo en los últimos meses, cuando se han sucedido los sabotajes, pinchazos en neumáticos y lanzamientos de huevos en los taxis que iban a recoger a clientes concertados previamente y en los vehículos de alquiler con conductor, algunos de los cuales fueron atacados mientras estaban aparcados en alguno de los aparcamientos del aeropuerto. La parada de taxis concertados carece habitualmente de la vigilancia necesaria para impedir este tipo de sabotajes, y ni siquiera hay cámaras de videovigilancia que puedan servir para identificar a los responsables de estos sabotajes, que no sólo se han dado en el aeropuerto sino también en coches aparcados en las calles de Sevilla y, una de las últimas veces, en la puerta del hotel Macarena.

Cabrera espera reunirse entre finales de febrero y principios de marzo con el director del aeropuerto, Jesús Caballero, para tratar con él la instalación de la parada con barreras y medidas de control para los taxis concertados y vehículos de alquiler con conductor. En esta parada se revisarían los contratos, itinerarios y número de pasajeros de estos servicios, para así impedir, según el delegado, los episodios de intrusismo. La parada de taxis convencionales se mantendría igual que hasta ahora.

Esta medida se reforzará con la ampliación del Servicio Especial de Transporte e Intrusismo (SETI) de la Policía Local, que pasará de estar formado por cuatro agentes a tener ocho. Los refuerzos están, según el edil, en periodo de formación. Cabrera confía en que la reorganización de la Policía Local en la que anda trabajando desde hace meses el Ayuntamiento sirva para acabar con los problemas del sector del taxi. Una de las medidas que contempla esta nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), anunciada ya varias veces desde hace meses, es la creación de una unidad especial de la Policía Local para la vigilancia de la estación de Santa Justa, de las terminales de autobús y del aeropuerto de San Pablo. Cabrera insistió en que la RPT estará lista pronto, pero no dio fechas concretas. Sí aseguró que tendrá un primer documento de avance en los próximos días.

De ese nuevo organigrama, el delegado dio ayer una serie de pistas y anunció que tendrá varias unidades nuevas, además de la de las estaciones y el aeropuerto. Una de ellas será la ciclista, un proyecto que lleva diez años en el olvido y que el Ayuntamiento quiere retomar sin que hasta el momento haya dado paso alguno para poner en marcha. Otra será una Policía turística y otra una unidad de asuntos internos "para aspectos disciplinarios" pero sin funciones de Policía Judicial. Este grupo sustituirá previsiblemente a la Gepol, que no está en la RPT actual pero sí que ha ejercido funciones judiciales. Tanto que ha llevado, entre otros asuntos destacados, la investigación del presunto amaño de las oposiciones a la Policía Local, por el que permanecen procesados y a la espera de juicio 37 agentes de este cuerpo. En la práctica este grupo está ya prácticamente desmantelado.

El nuevo organigrama incluirá por fin al Grupo Diana, la unidad especializada en violencia de género, y también creará una figura denominada como "agente tutor", que servirá para fortalecer las relaciones entre la Policía y los centros educativos. El Ayuntamiento lleva meses trabajando en esta nueva RPT y tiene previsto presentar en los próximos días el primer documento a los sindicatos, con los que tendrá que negociar cómo queda definitivamente la reorganización de la Policía.