El Ministerio de Hacienda corrige el error que bloqueaba la zona franca

La zona franca de Sevilla ha quedado desbloqueada al corregir su error el Ministerio de Hacienda. Después de tres meses de espera, la Autoridad Portuaria de Sevilla ya está incluida en la autorización estatal del consorcio y los estatutos del recinto fiscal que funcionará en los suelos portuarios de Torrecuéllar. El Puerto figura como miembro del pleno del consorcio y de su comité ejecutivo.

El BOE publicó ayer la nueva orden que modifica a la anterior errónea de 28 de julio de 2014, un trámite que permite desbloquear a su vez la construcción del vallado del recinto fiscal, aún por iniciar, y la constitución del consorcio con todas las administraciones, los dos requisitos indispensables que deben cumplirse antes del 31 de agosto de 2015 por orden del ministerio.

Llama la atención que el texto ministerial publicado ayer, y que entra en vigor hoy, no habla de error y mantiene que la corrección se ha hecho por otras causas. "Con posterioridad se ha recibido la solicitud de la Autoridad Portuaria de Sevilla y de la Cámara de Comercio para participar en el consorcio, siendo necesario modificar la composición de sus órganos de administración" cuando aún no se había constituido el consorcio, reza literalmente el texto (BOE 259).

La realidad, sin embargo, es que la Cámara de Comercio sí ha pedido incorporarse con posterioridad, pero no el Puerto, que como dueño de los suelos había acordado desde un principio con el Ayuntamiento que ambos irían juntos en la zona franca. Así lo recordó hace días la presidenta del Puerto.

Hay varias novedades en la autorización del consorcio de la zona franca, el principal órgano de gestión del futuro recinto fiscal. La primera es que la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla se incorpora también como miembro del consorcio.

Otra novedad es que los miembros del pleno de este órgano principal se duplican hasta alcanzar los diez, frente a los cinco previstos inicialmente. Estos cinco integrantes nuevos son un tercer concejal del gobierno local del Ayuntamiento, tres representantes elegidos por la Autoridad Portuaria y un representante de la Cámara de Comercio. Otro punto novedoso es que los acuerdos del Pleno del consorcio deberán tomarse por mayoría en todos los casos, y que por acuerdo de al menos seis votos favorables se puede proponer la modificación de la forma de representación de las entidades.

La zona franca de Sevilla fue autorizada por el Ministerio de Hacienda en agosto de 2013 con varias condiciones de obligado cumplimiento antes del 31 de agosto de 2015. Éstas son que el Ayuntamiento construya para entonces un cerramiento perimetral que delimite el recinto fiscal, que tenga aprobados los estatutos y el reglamento de funcionamiento del recinto, y que constituya el consorcio con las administraciones implicadas.

Ahora queda por saber si el retraso de tres meses por parte del Ministerio en corregir su error en el BOE permitirá al Ayuntamiento contar con más meses de margen para cumplir las condiciones. Fuentes del gobierno local aseguraron esta semana que no preocupa la fecha límite y que confían en tener más tiempo.

Una vez que se constituya el consorcio de la zona franca, el Ayuntamiento de Sevilla será la administración que lo presida, según consta en la autorización inicial y definitiva. El vicepresidente será el delegado estatal de la zona franca en Sevilla. Como vocales figuran ocho miembros: tres concejales del gobierno local del Ayuntamiento, tres representantes elegidos por la Autoridad Portuaria, el titular de la dependencia regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la delegación de Andalucía y un representante de la Cámara de Comercio. Hay un secretario que actúa con voz pero sin voto.

El cerramiento del recinto fiscal está valorado en 3,3 millones de euros. La obra fue retrasada esta misma semana por la Gerencia de Urbanismo hasta 2015 en una decisión del consejo de gobierno por la que se aprobó destinar los 1,4 millones presupuestados del cerramiento en otro fin: gastos de alumbrado público. El desvío de dinero se debió en realidad a que la obra del cerramiento no podía comenzar sin tener constituido el consorcio de la zona franca, algo que ahora sí es posible.