La Mesa Ciudadana por Tablada avisa a Sanz de que construir en la dehesa es ilegal

La Mesa Ciudadana por Tablada, plataforma constituida por más de 25 entidades en 2021 para lograr que los terrenos de la dehesa de Tablada pasen a titularidad pública y se preserven sus importantes valores naturales y medioambientales para convertirla en parque, ha avisado al alcalde de Sevilla José Luis Sanz (PP) de que su insistencia en construir en estos suelos de Tablada es "una propuesta actualmente ilegal" porque "subvierte el planeamiento urbanístico de la ciudad y el autonómico, y dos sentencias del Supremo que consagran su carácter no urbanizable de especial protección".

En un tuit publicado este miércoles, la organización advierte de estos hechos y se pregunta "¿a quién beneficia este pelotazo? ¿Volveremos a las épocas más oscuras del urbanismo a la carta?".

La Mesa por Tablada pide a la ciudadanía que "esté alerta para evitar este ecocidio: está en juego el bienestar de las generaciones futuras de Sevilla". Y recuerda que "Tablada debería ser la verdadera joya verde" del anillo verde que el gobierno socialista proyectó para Sevilla.

La propuesta de Sanz de construir en Tablada la lanzó a finales de abril en campaña electoral para las elecciones municipales del 28-M en declaraciones a la Cadena Ser y, una vez que ha ocupado la Alcaldía de Sevilla, ha vuelto a insistir en esta idea a la SER esta misma semana. Sanz quiere compatibilizar el uso residencial de estos suelos con el uso como parque periurbano: destinar 200 hectáreas de Tablada a uso residencial, con viviendas y diferentes equipamientos deportivos y culturales, y que el resto de estos suelos se reservan para un parque periurbano que se convertiría en un gran pulmón verde.

Es la segunda propuesta de Sanz que provoca una respuesta social contraria, tras el rechazo de la patronal de comerciantes Aprocom al plan del alcalde del PP de eliminar el Plan Respira en el centro.

Lo que dice el PGOU y las sentencias

El vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad, aprobado en 2006 por la Junta de Andalucía, le otorga a los suelos de Tablada la calificación actual como "suelos no urbanizables de especial protección".

En 2013, el Tribunal Supremo ha ratificado que los terrenos de Tablada de Sevilla deben mantenerse con la calificación actual como "suelos no urbanizables de especial protección" que le otorga el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad.

En una sentencia dictada el pasado 8 de abril de 2013, el Alto Tribunal desestima el recurso contencioso-administrativo presentado por una quincena de las entidades propietarias del suelo contra este punto aprobado en el PGOU de Sevilla, y reitera que esa clasificación de Tablada la tiene "en parte por legislación específica y en parte por decisión planificadora".

Los dueños actuales de Tablada son una agrupación de interés económico (Tablada Híspalis) formada por una quincena de inmobiliarias lideradas por Osuna. Los propietarios de esos suelos que en su día denunciaron la calificación del suelo en el PGOU fueron Basilio del Camino y Hermanos, Iniciativas para Desarrollos Inmobiliarios, Urbanizadora Tablada, Consorcio Tablada, Andalucía 3000, Inonsa, Prasa y Procam, Construcciones Sánchez Domínguez Sando, Venta Terrenos y Locales, Cartuja Inmobiliaria, Dualpe, Grupo Inmobiliario Galia, Arenal 2000 y Edamar.

La operación de subasta de la dehesa de Tablada, suelos rústicos e inundables, por parte del Ministerio de Defensa se llevó a cabo de forma irregular al no reservar previamente como dominio público marítimo-terrestre la franja de suelo paralela al río Guadalquivir. Esta operación se hizo en el mandato de Alejandro Rojas Marcos (PA) como alcalde y con el PP de Soledad Becerril como socio de gobierno. El Consistorio firmó un convenio urbanístico con las cajas de ahorro en el que se dice que los terrenos son recalificables. Los andalucistas pensaron en instalar allí la villa olímpica y en que había soluciones para elevar el terreno y salvar el obstáculo de que sean inundables.

El problema sin resolver del suelo más próximo al río Guadalquivir

Los suelos de Tablada, de naturaleza rústica, tienen un serio problema pendiente de solución desde que el Ministerio de Defensa cometió la gran irregularidad de vender esta dehesa a propietarios privados (grandes inmobiliarias) sin un trámite previo esencial. Ese grave problema ha bloqueado el uso de estos terrenos.

Los tribunales han ratificado que la venta a privados de estos terrenos inundables podría declararse nula de pleno derecho, por parte de los Ministerios de Defensa y Medio Ambiente, porque no se reservó previamente como dominio público marítimo-terrestre la franja de 200 metros de Tablada más pegada al río Guadalquivir.

De hecho, Defensa no solicitó al Ministerio de Medio Ambiente, antes de venderlos, la llamada “declaración de innecesariedad” de los terrenos para el dominio público marítimo terrestre de la franja de 200 metros más próxima al río. Así pues, el Ministerio de Defensa permitió, con su ‘despiste’ administrativo, que se pudieran vender y registrar esas tierras como de titularidad privada, pese a que una parte de estos suelos no pueden venderse.

Tras las sentencias judiciales, los dueños de Tablada saben ya que pagaron por terrenos que no pueden utilizar (la franja afectada por el dominio público marítimo terrestre). Tras años de bloqueo, las inmobiliarias empezaron a batallar en los tribunales para que el Ministerio de Defensa les indemnizara por lo que pagaron por Tablada más los intereses. Los dueños de Tablada calcularon en su día en 260 millones de euros la indemnización que les corresponde.

Jesús López López, capitán del ejército del aire del cuerpo de ingenieros ya jubilado, ingeniero técnico de aeronáutica y promotor inmobiliario, ha pleiteado durante más de 20 años con recursos contra los ministerios de Defensa y Medio Ambiente para anular las ventas de estos terrenos de Tablada. López ha ofrecido durante años varias soluciones judiciales al Ayuntamiento de Sevilla para devolver la titularidad pública a Tablada que el Consistorio ha rechazado.