Mercasevilla propone suspender los pagos del ERE del año 2007

La comisión ejecutiva de la sociedad gestora del mercado central de abastos, Mercasevilla, examinó ayer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ve "nulo y fraudulento" el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007. Merced al contenido de esta sentencia, que trata las cuantías reclamadas por uno de los prejubilados del ERE de 2007, la comisión ejecutiva acordó proponer al consejo de administración la "suspensión de los pagos relacionados con la póliza de seguro de rentas del ERE de 2007 y el "reintegro" de las cantidades libradas por dicho concepto.

A tal efecto, y según informaron a Europa Press fuentes de Mercasevilla, la comisión ejecutiva ha decidido convocar para el 13 de junio una reunión del consejo de administración, momento en el cual será nuevamente revisada la sentencia para que este órgano de la sociedad mixta se pronuncie sobre la suspensión de los pagos, materializados a través de contratos de préstamo en favor de los prejubilados del ERE de 2007, y la reclamación a estos últimos de las cuantías percibidas con cargo a la empresa.

El expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire en 2009 al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación judicial, en el marco de las diligencias incoadas por la juez Alaya por la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla y la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias promovidas con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.

Aunque entre 2007 y 2008 el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado varios documentos mostrando la "conformidad" de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera resolvió que estos actos fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio". El Gobierno andaluz, en ese sentido, defiende que sobre la Junta de Andalucía no pesan compromisos de financiación en cuanto a estas prejubilaciones en cuestión.

En noviembre de 2012, el juzgado de lo Social número 8 emitió la primera sentencia correspondiente a las demandas de los prejubilados de este expediente de regulación de empleo respecto a la financiación del procedimiento. Esta primera sentencia resolvía que Mercasevilla es el "único responsable en el pago de las indemnizaciones reconocidas", considerando "irrelevante el compromiso personal" formalizado por Guerrero en sus documentos al carecer los mismos de "todo trámite administrativo".

Median en este punto las acciones promovidas por uno de los ex trabajadores, José Ramón Palma, quien tras adherirse al ERE, cobró casi 30.000 euros por prestación contributiva de desempleo entre 2008 y 2009. Además, entre enero de 2008 y noviembre de 2009 cobró algo más de mil euros mensuales con cargo a la póliza de seguro de rentas asociada al ERE de 2007, porque como hemos dicho en noviembre de 2009 fueron suspendidos los pagos al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de estas rentas. A partir de entonces, el aludido cobraba a través de los "contratos de préstamo" gracias a los cuales Mercasevilla abona a los prejubilados de 2007 estas rentas como "préstamo" en el que los beneficiarios renuncian a demandar a la compañía.