Mercasevilla: la instrucción infinita
SE mueve, como dijo Galileo, a ritmo constante. Lenta pero sin descanso. La instrucción de la juez Mercedes Alaya sobre el caso Mercasevilla-desgajado en al menos cuatro sumarios distintos- avanza en paralelo a las polémicas políticas que, a raíz de la aparición de las distintas irregularidades vinculadas a la gestión de la empresa municipal de alimentación de Sevilla, vienen sucediéndose en los distintos foros políticos desde hace algo más de dos años. La magistrada, cuya figura ha sido cuestionada por los socialistas en repetidas ocasiones, aunque hasta ahora sin una argumentación objetiva y sólida que tener en consideración, ha cerrado esta semana la instrucción de la causa relativa al (supuesto) pago de comisiones ilegales en el mercado de abastos.
La apertura de este juicio oral marca una nueva etapa en el caso, al concluir la fase de investigación judicial con una acusación formal por un delito de cohecho contra los principales imputados, todos ellos altos cargos socialistas. Con independencia de todo el ruido que durante los meses previos a la pasada campaña electoral de los comicios locales se ha producido en el ámbito político, los hechos objetivos que emergen de la investigación judicial, y ahora tendrá que enjuiciar un jurado popular, no dejan demasiado lugar a las dudas: en Mercasevilla existen indicios serios de una supuesta red de financiación ilegal, aunque será misión de la justicia aclarar si los beneficiarios de esta trama lo hicieron en su propio beneficio o a favor del PSOE.
El matiz es sustancial: en el primer supuesto estaríamos hablando de un caso de corrupción con una serie de beneficiarios concretos. En el segundo, en cambio, de la perversión de una organización política cuyo poder en Sevilla -a pesar del cambio de escenario producido en el marco municipal hace unos meses- continúa siendo considerable. Los ciudadanos tendrán que sacar las correspondientes conclusiones en función de cuál sea el fallo judicial definitivo, que, inevitablemente, vendrá a reforzar o a cuestionar -en función de la sentencia que se produzca- la (para algunos) discutida instrucción de la juez.
Probablemente durante los próximos meses -antes de finales de este año- el juzgado concluya también la investigación abierta sobre la segunda rama de la causa: las irregularidades que se produjeron en la operación de adjudicación de unos terrenos de la empresa de alimentación en favor de la inmobiliaria Sando. Las diligencias efectuadas por el juzgado prácticamente han agotado la investigación y, a falta de algún trámite, o salvo sorpresa de última hora, todo hace indicar que Alaya concluirá su labor sobre este tema con la apertura de otro juicio oral. Sería pues el segundo. En esta ocasión, contra aquellos que participaron en la polémica adjudicación de los suelos del mercado de abastos de Sevilla, entre ellos el principal hombre de confianza del anterior alcalde y ex gerente de Urbanismo, Manuel Jesús Marchena.
Quedarían pues vivas dos piezas más: la relativa al delito societario (cuyo desarrollo es por ahora discreto) y, sobre todo, la gran causa general que convirtió lo que hasta entonces era un caso de ámbito local en una cuestión política de rango autonómico y nacional: la trama de fraude supuestamente existente en la administración del dinero público dedicado a los expedientes de regulación de empleo. Una causa paralela que tiene desde hace meses al secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, en el ojo de la diana del PP (y del llamado sector crítico dentro de su propio partido), además de a otros políticos y altos cargos de gobiernos socialistas, entre ellos el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, el jerezano Antonio Fernández.
Precisamente esta semana la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juzgado la adopción de medidas cautelares para los 28 implicados en esta cuestión. Una petición llamativa: procede del Ministerio Público encargado de acusar (si encuentra indicios) a los imputados por la magistrada. En este justo punto el discurso habitual del PSOE sobre la motivación política de la instrucción judicial se viene abajo: quien pide embargos y fianzas económicas para los posibles implicados por el fraude de los ERE ya no es la juez, sino la institución judicial que depende directamente del Gobierno. Una diferencia que algunos deberían tener en cuenta antes de expandir insidias en determinados cenáculos privados, aunque con la plena seguridad de que, antes o después, dichos comentarios terminarán siendo públicos, que es lo que en el fondo se pretende. Esto es: tirar la piedra -susurrando rumores en ámbitos periodísticos- para después esconder la mano. Una singular forma de hacer política que define por sí misma a todo aquel que la practica, sea del PP o del PSOE. Les ahorro a ustedes el adjetivo que define tal conducta, aunque sea por un excepcional ejercicio de diplomacia.
De cualquier forma, los tiempos judiciales no coinciden necesariamente con los políticos. A pesar de que la instrucción de estas dos ramas abiertas del caso Mercasevilla seguirán generando en los próximos meses novedades procesales -con su correspondiente traducción política- lo cierto es que los hechos a esclarecer son de tal magnitud que no es probable que antes de las elecciones autonómicas (la verdadera lucha a muerte entre PP y PSOE es Andalucía; en Madrid se da por descontada la victoria de Rajoy) estén concluidas.
Las vistas orales de los dos sumarios cerrados, además, no se celebrarán hasta mediados de 2012. Lo que implica que los ciudadanos van a tener que acudir a las urnas sin que la justicia haya delimitado, más que en la fase de instrucción, las irregularidades penales y civiles cuyo epicentro es Mercasevilla, pero que se ha extendido a otros ámbitos, empresas y provincias hasta convertirse en una bola de nieve inmensa. Una causa infinita
Parece pues evidente que el juicio electoral sobre este caso tendrá que hacerse en base a indicios. Acusaciones que, siendo sólidas en ciertos aspectos, todavía necesitan la ratificación que supone contar con una sentencia firme. Indudable. Será probablemente éste el único argumento que los socialistas podrán esgrimir en su defensa durante los próximos meses. Poco más. Quizás por eso el PSOE andaluz confía en que la victoria de Rajoy, y las medidas de ajuste que tendrá que abordar su Gobierno en los primeros cien días, puedan darle algo de oxígeno ante los votantes. Es la razón por la que, por primera vez, se ha decidido ir a las urnas con independencia de la fecha de las generales. Es curioso que la autonomía política de Andalucía se ejerza por culpa del problema electoral de un partido, más que por una convicción política.
El circo electoral, que se intensificará en los próximos meses, en el caso de Sevilla, tiene programada una función continua que no dejará percibir de forma clara el panorama político venidero ni en el ámbito autonómico ni en el municipal hasta que la incógnita de San Telmo quede despejada. La gestión de Zoido, ariete de Arenas en su conquista de la Junta, se ha convertido en el símbolo del llamado cambio (relativo, en todo caso). Pero, al igual que sucede con todas las victorias excesivas, al mismo tiempo que satisfacción traen consigo un envés problemático: la amplificación de los propios errores, por mucho que desde la calle San Fernando se atenúen. Algunos los consideran anécdotas. Otros, categoría. De cualquier forma, y pase lo que pase, lo que sí es cierto es que tendremos que votar a partir de indicios (judiciales) y simulacros (municipales). Cosas del calendario.