Cuatro años después de Mari Luz, el colapso judicial continúa

El mismo peligro cuatro años después. Los errores judiciales que permitieron que el pederasta Santiago del Valle, el asesino de la pequeña Mari Luz Cortés, continuara en libertad a pesar de que tenía una condena firme por haber abusado de su hija podrían volver a repetirse en cualquier momento. Ésta es la principal conclusión a la que llegan distintos profesionales de la Justicia que intervienen a diario en la tramitación y control de las denominadas causas ejecutorias, los procesos que se abren para vigilar el cumplimiento de las penas impuestas en la sentencia.

Santiago del Valle fue detenido el 25 de marzo de 2008 y su caso puso en evidencia, entre otros aspectos, las carencias de los sistemas informáticos judiciales en lo que se refiere a la interconexión entre los órganos dela Justicia: mientras el pederasta estaba siendo buscado por el juzgado de lo Penal número 1 Sevilla, estaba compareciendo de forma regular en otro juzgado de Instrucción de la misma ciudad donde se seguía otra causa contra él.

Cuatro años después, los jueces, los secretarios judiciales y los funcionarios de los órganos judiciales coinciden en que los riesgos de que estos errores se repitan prácticamente son los mismos. Es cierto que se ha implantado el Sistema Integral de Registro de la Administración de Justicia (Siraj), pero, como explica el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, el sistema no es suficiente porque la interconexión entre los distintos juzgados de lo Penal sólo se produce en el ámbito andaluz.

La creación de dos nuevos juzgados de lo Penal en Sevilla -los números 14 y 15- no ha permitido una mejora de la situación de las ejecutorias, porque el número de éstas ha continuado creciendo de manera exponencial en los últimos años. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la última década revelan que las ejecuciones de sentencia casi se han triplicado en la última década. Se ha pasado de las 4.535 que estaban pendientes de tramitación a finales de 2002 a las 12.771 que hay en trámite en la actualidad, lo que ha sobrecargado aún más los juzgados de lo Penal. Hay juzgados que tienen más de 800 o incluso un millar de ejecutorias "vivas", en trámite, por lo que su control es muy complicado aun cuando se esté revisándolas a diario.

Buena parte del incremento de las ejecutorias se debe a las distintas reformas penales que han tipificado como delitos determinadas conductas que antes sólo llevaban aparejada una sanción administrativa, algo que ha ocurrido por ejemplo con la conducción sin carné, que ahora se castiga con hasta penas de seis meses de prisión. El Código Penal también se endureció en los últimos años en relación con la conducción bajo los efectos del alcohol y los excesos de velocidad. Estos cambios legales dispararon las sentencias de conformidad en el juzgado de guardia, pero la ejecución de estas condenas está encomendada a los juzgados de lo Penal.

El riesgo con las ejecutorias no sólo está en casos tan graves como el que protagonizó el pederasta Santiago del Valle, sino que existen otros peligros quizás menos graves pero igualmente trascedentes. El titular del juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla, Francisco José Guerrero, explica que los errores relacionados con las ejecutorias pueden llevar a que se cumplan "penas en exceso", en supuestos de acumulación de condenas, a que no paguen las indemnizaciones a tiempo o a otras situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana.

Los jueces han redoblado sus esfuerzos para controlar las ejecutorias desde que se produjeron los errores del caso Mari Luz, pero ya hace cuatro años la situación no era nueva y había sido denunciada con anterioridad por los magistrados. Mercedes Fernández Ordóñez, titular del juzgado de lo Penal número 14 de Sevilla, recuerda que los jueces llevaban "muchos años" reclamando atención sobre las ejecutorias y, de hecho, en los cinco años anteriores al caso Mari Luz la junta de jueces llegó a pedir hasta en cinco ocasiones que se incrementaran las plantillas de funcionarios para hacer frente al aumento del trabajo relacionado con la ejecución de las sentencias.

Pero esos refuerzos no llegaron y en la actualidad, 23 años después de la creación de los juzgados de lo Penal -que se produjo en 1989-, cada órgano de esta jurisdicción cuenta con la misma plantilla, que está integrada por ocho funcionarios: dos del cuerpo de gestión procesal, cuatro de tramitación y dos auxiliares.

Tras el escándalo de los errores judiciales del caso Mari Luz, la Consejería de Justicia de la Junta anunció la creación, en paralelo con el traslado de los juzgados penales del Prado de San Sebastián al nuevo edificio Noga, de un nuevo servicio común de ejecución de sentencias que vendría a resolver los problemas relacionados con la ejecución. El desacuerdo con los sindicatos, que reclamaban un complemento de destino para los funcionarios que pasaran al mismo y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) han imposibilitado la implantación de esta nueva organización del trabajo que buscaba optimizar los recursos.

El portavoz de Justicia de CSIF, Miguel Ángel Ramos, indicó ayer que la Junta pretendía dejar a cada juez de lo Penal sólo con dos funcionarios y que los otros seis se integraran en el servicio común, una propuesta que el sindicato entendía insuficiente para la puesta en marcha del servicio común de ejecutorias.

La crisis tampoco ha contribuido a mejorar la situación de los juzgados, en los que aún está pendiente de implantar la reforma, ya aprobada, de la Oficina Judicial. El riesgo a un nuevo caso Mari Luz persiste, pero las soluciones tampoco parece que puedan llegar a corto plazo.