Urbanismo baraja limitar el uso de pisos como alojamientos turísticos por barrios

Sevilla/Para luchar contra la oferta clandestina de viviendas privadas con uso turístico en la ciudad, la sesión plenaria aprobó ayer una batería de medidas propuestas por los socialistas en la que destacan dos puntos: encomendar a la Gerencia de Urbanismo y la Agencia Tributaria un estudio jurídico de medidas que puedan contribuir a limitar el uso de estos pisos como alojamientos turísticos, e iniciar los trabajos para evaluar si es posible fijar alguna medida en las próximas ordenanzas fiscales que graven la actividad de estas viviendas.

Sobre la mesa de los técnicos de la Gerencia se encuentra la proposición de limitar el uso de estas viviendas privadas como alojamientos turísticos por barrios. Un ejemplo es crear una limitación de coeficiente por bloque de vivienda. Este formato ya es utilizado en otras ciudades del país. El estudio aún se encuentra en la fase embrionaria. En la delegación de Hacienda se trabaja en otra fórmula que afecte al bolsillo de los dueños de las viviendas clandestinas. La intención es realizar una discriminación con una subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Es una forma de penalizar al propietario que utiliza su casa particular para fines turísticos. Esta es otra medida ya utilizada en otras urbes. "Hay que poner freno a este fenómeno tan extendido. Las viviendas alquiladas para el turismo al margen de la norma son una actividad no registrada, una competencia desleal y un torpedo a la calidad del destino turístico", sostuvo el delegado de Turismo Antonio Muñoz.

Los últimos informes reflejan que en la ciudad hispalense esta oferta ilegal la componen 18.000 camas, una cifra muy tentadora para aquellos visitantes que buscan el máximo ahorro cuando viajan. En este punto, hay que tener en cuenta que el turismo ha sido el único sector que ha logrado mantenerse a flote en la crisis, por lo que muchas familias han visto en este uso de sus viviendas la tabla de salvación de su maltrecha economía. Ante tal situación, los partidos dieron su visto bueno a contratar, a través del Consorcio de Turismo, un estudio de diagnóstico para evaluar la situación de las viviendas con fines turísticos. Otra medida consiste en crear un órgano donde se encuentren coordinadas las distintas áreas municipales que aporten datos sobre el sector.

También se baraja plantear a la Agencia Estatal Tributaria y a la Consejería de Turismo de la Junta, así como al Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, la colaboración para poner iniciativas en marcha que ayuden a frenar esta actividad ilícita que afecta a la ciudad.