Lipasam, sociedad municipal con menor sostenibilidad financiera

Sólo el Ayuntamiento propiamente dicho y las sociedades Emvisesa y Emasesa cubren con ingresos propios más de la mitad de sus gastos. El resto de sociedades municipales y organismos autónomos suspenden en materia de sostenibilidad financiera al depender en un alto porcentaje de un sistema de subvenciones y transferencias que garantizan su operatividad. Las conclusiones se obtienen tras medir la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento y su red de sociedades y organismos en función de los datos que aparecen en el proyecto de presupuesto general para 2013, presentado recientemente por la delegada de Hacienda, Asunción Fley (PP). La clave está en comparar los ingresos propios de la actividad (impuestos, tasas, prestaciones de servicios, etcétera) frente a los ingresos que se obtienen de subvenciones, transferencias de la Junta de Andalucía, el Estado, etcétera.

Los datos son reveladores. La empresa municipal de limpieza, Lipasam, sólo cubre con su gestión interna el 5,6% de su presupuesto de gastos. El Instituto de Cultura (ICAS) tiene un porcentaje de sostenibilidad financiera del 23,65%; el Instituto Municipal de Deportes, del 26,26%; la Gerencia de Urbanismo, del 40,78%; Tussam, del 48,90%; el Ayuntamiento propiamente dicho, del 55,07%, y Emvisesa y Emasesa, del 80,05% en ambos casos.

El Gobierno de Rajoy ha apostado con la Ley Orgánica 4/2012 de 28 de septiembre por la sostenibilidad financiera de los organismos públicos. El IVA y el IRPF que los ciudadanos abonan se usa para el pago de las transferencias corrientes que se destinan a los ayuntamientos y comunidades autónomas para cubrir los gastos que estos entes públicos no pueden sufragar con sus propios ingresos o ventas. La clave está en que si estos organismos públicos pudieran generar sus propios ingresos o recursos, no haría falta que el Estado incrementara, por ejemplo, impuestos, para que estos impuestos fueran de nuevo a los organismos públicos para cubrir sus gastos.

Al amparo de la citada ley, promovida por el PP, el desarrollo sostenible de las sociedades públicas y organismos autónomos se puede entender como la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las capacidades futuras. Este criterio de sostenibilidad se ha trasladado a diferentes ámbitos de la economía europea y española. Así, la citada Ley señala que "la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera son piezas clave para la confianza en la economía, y resulta fundamental para impulsar el crecimiento y la creación de empleo". La importancia de este término ha aumentado por la crisis económica mundial, que afecta a sociedades públicas e instituciones académicas como las universidades, de las que este periódico ya informó recientemente que están al borde de una economía subsistencia al reducirse drásticamente las transferencias públicas. Una de las consecuencias de la actual crisis económica y financiera es que los fondos públicos están disminuyendo, así como están cambiando los criterios de distribución.

El Ayuntamiento de Sevilla (incluidos organismos autónomos y empresas) tiene previsto ingresar 953.467.425, lo que supone una caída de casi 129 millones respecto a 2012. Y en cuanto a los gastos, la previsión es de 949.107.764, por lo que se produce una reducción de 96 millones. De acuerdo con la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el presupuesto de 2013 cuenta con un límite de gasto no financiero de 729.968.573,63 euros en el que no se computa el gasto de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), por lo que la cifra anterior constituye el techo del gasto permitido en aspectos ajenos a las deudas pendientes, la amortización de créditos o los intereses.

La mitad del presupuesto de la Corporación municipal (excluidos organismos autónomos y empresas), que moverá 777 millones de euros en 2013, se consume en los gastos de personal (287 millones de euros) y en el pago de la deuda pública (87 millones). Se trata de una de las principales conclusiones tras el análisis de los distintos documentos de los que consta el presupuesto de la Corporación municipal, que excluye a las empresas municipales y a los organismos autónomos. La carga financiera anual que deben soportar las arcas municipales se ha visto aumentada drásticamente, siendo clave a este respecto la refinanciación de la deuda municipal acordada por el Pleno en diciembre de 2010, cuando aún era alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín. En 2009 era de 34,08 20 millones, en 2010, de 34,26 millones; en 2011, de 24,08 millones; en 2012 se produjo la gran subida, que la situó en 69,73 millones y en 2013 está fijada en 59,38 millones sin incluir aún el importe de las amortizaciones anticipadas en 2013 .

De los gastos de personal, un total de 171 millones se destinan al pago de sueldos de la plantilla municipal, que el gobierno del PP se ha comprometido reiteradamente a mantener en todos los casos. Eso sí, sin reponer determinados puestos de acuerdo con las directrices del Plan de Ajuste al que se tuvo que acoger el Ayuntamiento para beneficiarse de financiación extraordinaria para el pago a proveedores.