Lipasam y Aussa destruyeron coches sin autorización de la Policía Local

La empresa municipal de limpieza (Lipasam) y la sociedad que gestionaba la grúa municipal hasta mediados del año 2011, Aussa, destruyeron vehículos sin la correspondiente autorización de la Policía Local. Así consta en un informe interno de este cuerpo emitido a raíz de la desaparición de un coche retirado por la grúa municipal. No es el único caso de desaparición de vehículos del depósito que investiga la Policía, que ha detectado varias irregularidades en la gestión de este almacén. En un caso incluso se destruyó un coche que estaba inmovilizado por orden judicial. Al menos dos de estas presuntas irregularidades están siendo investigadas ya por sendos juzgados de Sevilla.

En el informe interno al que ha tenido acceso este periódico, el responsable de la unidad de la Policía Local que presta servicio en el depósito incluye una lista de 55 coches que podrían haber sido destruidos de manera irregular. "Constan vehículos de los que esta sección no ha autorizado a Aussa la entrega a Lipasam, ni autorizado gestiones al estar algunos incursos en procedimientos judiciales". Este mando continúa su informe solicitando los acuerdos firmados por ambas empresas para dar de baja los coches y termina alertando de que la Policía "no se hace responsable de las actuaciones que lleven a la destrucción del vehículo sin seguir los procedimientos legalmente establecidos".

La investigación de estas presuntas irregularidades en el depósito de la grúa surgió a mediados del año pasado, después de que un ciudadano al que le habían robado su coche lo encontrara por casualidad en un desguace de Alcalá de Guadaíra. El afectado denunció ante la Guardia Civil de Gines el 8 de marzo de 2011 la sustracción de su Volvo S40, ocurrida en Castilleja de Guzmán. Nadie le avisó de que el coche había aparecido cuatro días más tarde mal aparcado en una calle de Sevilla y lo había retirado la grúa. Nadie comprobó que su matrícula figuraba en la base de datos de vehículos robados. El vehículo fue llevado al depósito municipal y allí pasó más de un año, hasta que en abril de 2012 fue dado de baja y traspasado al desguace de Manuel Gallego, en Alcalá de Guadaíra.

Fue allí precisamente donde un mecánico amigo del propietario descubrió el coche. Le hizo incluso una fotografía, que luego fue aportada a la denuncia, y se la reenvió al propietario. Cuando éste llegó al desguace, dos horas después de que le avisaran, el vehículo había sido ya prácticamente despiezado. Al pedir explicaciones, un responsable del negocio le explicó que el coche había sido adquirido al Ayuntamiento de Sevilla, al que le constaba como vehículo denunciado por abandono. A raíz de esto, presentó una denuncia ante la Policía Local alertando de lo ocurrido. La Policía abrió una investigación para averiguar qué había fallado para que un vehículo robado terminara en el desguace, pero ni siquiera pudo encontrar el acta de retirada del coche.

Así lo hizo constar el superintendente jefe, Juan José García, en un documento fechado el 18 de julio de 2012, cuando ya había cesado la concesión del servicio municipal de retirada de vehículos a la empresa Aussa y había sido entregado a Setex Aparki. En este nuevo informe, el jefe de la Policía Local destaca que "es imposible aportar acta de retirada, ya que Aussa no ha procedido a la entrega de las actas que corresponden a la sección de vehículos". El superintendente insiste a Aussa en su petición de que entregue la "totalidad de las actas que deben estar custodiadas en esta Policía Local".

En el atestado abierto por la Policía Local consta que "se carece del expediente original, encontrándose al parecer en poder de Aussa". Los agentes que han investigado el caso sí han podido averiguar que el Volvo S40 llegó al almacén el día 12 de marzo de 2011, cuatro días después de que fuera sustraído, después de que la grúa retirara por "mal estacionamiento". También se pone de manifiesto que la Policía no autorizó a Aussa a que entregara el coche a Lipasam para su posterior destrucción, trámite que debe contar con el debido permiso de la Policía, encargada de corroborar si la matrícula en cuestión figura en la base de datos de los vehículos denunciados como robados. No deja de ser llamativo que nadie rubrique la última página del atestado, donde la persona que firma lo hace simplemente como "el funcionario".

Dos juzgados de Sevilla están investigando ya sendos casos similares de desaparición de vehículos sacados del depósito cuando no estaban autorizados para ser dados de baja. Se investiga también si algún empleado del almacén pudo lucrarse con el envío irregular de coches a los desguaces.