Licitado por 64.000 euros el contrato de vigilancia del edificio de la Gavidia

El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a licitación por un importe total de 64.036,48 euros la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del servicio de seguridad, control y vigilancia del inmueble de la antigua comisaría de Policía de la Plaza de la Gavidia, edificio que permanece en estado de desuso y que ha sido objeto recurrente de ocupación por parte de los sin techo.

Según los datos recabados, el periodo de contratación es de un año improrrogable, el comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de julio de 2013, con posibilidad de resolución anterior en el caso de que el Consistorio transmita la posesión a cualesquiera otra persona física o jurídica.

De hecho, la corporación local trabaja en esta línea, con la aprobación del desarrollo de cambios puntuales en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para el cambio de calificación de la antigua comisaría de superficie de Interés Público y Social (SIPS) sociocultural a gran superficie comercial, espacio que se compensaría con las dependencias municipales en la calle Pajaritos y el Mercado del Arenal, que cambian su calificación de residencial Centro Histórico a SIPS sociocultural en el sistema general.

La fecha límite para la presentación de ofertas expira el próximo 5 de junio. En el contrato se incluye la seguridad presencial, con vigilante de seguridad sin arma, durante nueve horas diarias todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos; un servicio de coche de seguridad para atención inmediata el inmueble y vigilancia ante cualquier incidencia, además de las dos rondas diarias previstas; o la puesta a punto y revisiones de la instalación de cámaras, vídeo y monitor actualmente existentes en el edificio.

El presupuesto de licitación se divide en las anualidades de 2012 -de agosto a diciembre-, con 26.681,87 euros, y 2013 -de enero a julio-, con 37.354,61 euros. Asimismo, el contrato podrá extinguirse por la realización defectuosa del servicio, la modificación de la prestación del mismo, la suspensión o paralización de éste sin la autorización de Urbanismo o ejercer las funciones contractuales mediante personal sin la habilitación necesaria o con técnicos que no estén debidamente autorizados, entre otros.