La Justicia sevillana tiene 52.000 sentencias pendientes de ejecutar
A las 7.000 resoluciones firmes que tramitan los juzgados penales se unen 21.000 de los órganos de Primera Instancia · La tendencia no cambia pese a que se resuelven más asuntos de los que ingresan
El caso Mari Luz no ha hecho más que mostrar la punta del iceberg. La precaria situación de los juzgados de lo Penal de Sevilla, con 7.000 sentencias pendientes de ejecución, adquiere una gravedad aún mayor si se tiene en cuenta cómo se encuentran el resto de las jurisdicciones: Civil, Contencioso-Administrativa y Social.
Las últimas estadísticas disponibles del Consejo General del Poder Judicial, publicadas a mediados de abril y que se refieren al conjunto de 2007, ponen de manifiesto que la Justicia sevillana acumulaba a 31 de diciembre de 2007 un total de 52.139 sentencias en fase de ejecución, es decir, aquellas resoluciones firmes en las que se está realizando algún tipo de intervención o requerimiento por parte del órgano judicial para dar cumplimiento a la condena impuesta. La pena no tiene por qué ser exclusivamente la privación de libertad, dado que también caben otras medidas como el pago de multas o la retirada del permiso de conducir, en condenas por delitos relacionados con el tráfico y las alcoholemias.
Las más de 52.000 sentencias por ejecutar muestran el elevado volumen de trabajo de los juzgados y todo ello a pesar de que en 2007 los jueces ejecutaron 34.951 sentencias, una cifra que supera en casi 3.000 el número de ejecutorias que se registraron en el mismo período, que se situó exactamente en las 32.000.
El retraso en la tramitación de estas resoluciones es especialmente significativa en la jurisdicción Civil, donde hay un volumen de sentencias pendientes de ejecutar que alcanza los 37.960 casos. Le siguen la jurisdicción Penal, con 12.692 resoluciones en ejecución, entre las que destacan las 6.946 sentencia de los 13 juzgado de lo Penal. Una de ellas era precisamente la ejecutoria 31/06 del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, relativa a la condena de dos años y nueve meses impuesta a Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, por haber abusado sexualmente de su propia hija.
La estadística del máximo órgano de gobierno de los jueces se completa con las 281 sentencias pendientes de ejecución en los juzgados de lo Contencioso-Administravo, cuya saturación, próxima al colapso, ya ha sido denunciada en numerosas ocasiones por las juntas de jueces. El hecho de que, en comparación con otros órdenes jurisdiccionales, estos órganos tengan menos sentencias en ejecución se explica precisamente por la sobrecarga de trabajo, que está haciendo que los jueces fijen la celebración de juicios para dentro de dos años. Y el retraso en los juicios, redunda en el retraso en el dictado de la sentencia: si no hay fallo, éste no puede ejecutarse, obviamente.
Por último está la jurisdicción Social, que se ocupa principalmente de las demandas laborales y que arrastraba a final del año pasado 1.206 sentencias pendientes de ejecutar. Nada que ver con las 21.000 que tenían pendientes los juzgados de Primera Instancia o las 7.000 de los juzgados penales, dada la trascendencia de los asuntos que se juzgan en esta última jurisdicción.
De otro lado, la estadística del CGPJ también aporta otras cifras preocupantes, porque el retraso no sólo afecta a la ejecución de las sentencias, sino también en lo que se refiere a la tramitación de los asuntos que cada año llegan a los juzgados de Sevilla. Las distintas jurisdicciones ingresaron en 2007 un total de 394.824 asuntos (con una media de 3.084 por cada órgano) y resolvieron una cifra ligeramente inferior, del orden de los 392.879 asuntos, lo que significa unos 3.069 casos por cada unidad judicial. Con esta tendencia, en la que se resuelven menos asuntos de los que se ingresan y teniendo en cuenta la bolsa de asuntos que seguían en tramitación a principios del pasado año (85.365), el ejercicio se cerró con un incremento de los asuntos, que se situó en los 89.863 casos.
El aumento de las causas pendientes se aprecia con una incidencia singular en las jurisdicciones Civil y Penal, que han pasado de 34.459 a 38.093 y de 36.498 a 38.564 asuntos, respectivamente. Por el contrario, en los órdenes social y de lo Contencioso-Administrativo, se ha detectado una leve reducción de la pendencia que se explica por el incremento en el número de asuntos que han resuelto los juzgados en ese período. En la jurisdicción Contenciosa había 11.192 asuntos pendientes al inicio de 2007 frente a los 10.176 con los que se cerró el ejercicio, mientras que el volumen de pleitos de la jurisdicción social pendientes de resolver bajó de los 3.216 de principios de año a los 3.030 que se contabilizaban cuando terminó el ejercicio.
A raíz de los errores registrados en la tramitación de la ejecutoria del pederasta Santiago del Valle, la junta de jueces de Sevilla denunció que "la sobrecarga de trabajo, la falta de personal cualificado y la tardanza en cubrir las bajas" propiciaban que el margen de error judicial estuviese "por encima de lo tolerable" y con el "riesgo cierto" de que puedan producirse hechos similares.
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