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La Justicia admite las demandas colectivas por el retraso de los parkings

Los abogados de los vecinos están a la espera de reunirse con el Consistorio para ver "cómo van a solventar el asunto"

Una valla en la obra del parking de Bami.
R. S.

02 de septiembre 2011 - 05:03

Los Juzgados de Primera Instancia números 1 y 14 de Sevilla han admitido a trámite las demandas colectivas presentadas por vecinos de hasta cinco barriadas de la ciudad contra la empresa Equipark, solicitando la devolución de los 1.000 euros entregados en su día, así como los intereses y los gastos judiciales, para la adquisición de una plaza de estacionamiento.

Según han informado a Europa Press fuentes del caso, dos de las tres acciones presentadas hasta la fecha -que representan los intereses de unos 110 afectados del Zodíaco, Rafael Laffón, Pedro Vallina, La Romería y Eva Cervantes- se encuentran ya admitidas y a la espera de la contestación de la empresa, mientras que la tercera demanda -de 43 reclamantes, principalmente de los aparcamientos de Jardines del Valle, Plaza de Rafael Salgado (Bami) y Cueva de la Pileta (Sevilla Este)-, gestionada por el Juzgado de Primera Instancia número 9, ha fijado el trámite de apud acta o dación de poderes para el próximo 27 de septiembre.

El bufete que gestiona las demandas, De Ávila & Asociados, ha añadido que se encuentran a la espera de mantener una reunión con el actual equipo de gobierno para ver "cómo van a solventar este asunto", ofreciendo en este sentido la máxima colaboración para los gestores municipales, con vistas a intentar solventar de manera definitiva el problema.

En este sentido, el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), ya ha reiterado varias veces que se encuentra estudiando una fórmula legal que permita la devolución de las fianzas, rechazando al respecto un informe de la Delegación de Movilidad que ya advertía de la imposibilidad de requerir a la sociedad para que reintegrase los avales, al tratarse de una cuestión civil.

En el caso de que Equipark no pagase los adelantos, por razones de insolvencia o cualquier otra cuestión que lo imposibilite, los vecinos consideran que "alguien tiene que pagar las fianzas" y ven al Ayuntamiento como responsable subsidiario, puesto que "tampoco ha hecho las cosas bien y ha funcionado como promotor". Aunque el gobierno municipal actual se haya encontrado con este problema heredado del anterior gobierno, el bufete trabaja con la tesis de que el Consistorio es una administración pública, independientemente de quien esté en el gobierno.

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