Juristas cifran en 250 las órdenes de cierre por ruido pendientes de ejecutar

El Ayuntamiento tendría aparcadas más de 250 órdenes de cierre de bares y otras actividades generadoras de ruidos y molestias, y no tendría intención de ejecutarlas. Así lo aseguran desde Juristas contra el Ruido, que junto a la Plataforma Pro Derecho al Descanso en Sevilla, Ecologistas en Acción y más de 100 asociaciones vecinales, representadas por la plataforma digital Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla (CAIS) y la plataforma de Parques y Jardines, han solicitado al Consistorio "la retirada inmediata" de la ordenanza de ruidos municipal por ser "contraria a derecho y proteger a quien contamina", según aseguran.

Estos agentes sociales denuncian que sólo la Línea Verde de la Policía Local es competente para realizar labores de control y que "sólo dispone de 10 efectivos en turnos de tres agentes para inspeccionar más de 20.000 actividades". Los juristas señalan que todo forma parte de una campaña diseñada por el Ayuntamiento para no ir contra los supuestos infractores y mirar para otro lado. "Los inspectores sólo trabajan de lunes a viernes en horario de mañana. La dirección general de Medio Ambiente se ha asegurado de que no haya ni control ni inspección. Hay más de 250 órdenes de cierre aparcadas que llevan meses sin ejecutar, se dejan vencer los expedientes y las sanciones no se aplican", explica Emilia de la Serna, de la plataforma Juristas contra el Ruido.

Desde el Ayuntamiento niegan categóricamente que no se estén llevando a cabo las inspecciones y que no se estén ejecutando las órdenes de cierre o cobrando las sanciones. Para ello, se remiten a los datos aportados del primer trimestre del año, publicados en este periódico, que arrojaban un balance de 211 actuaciones, con 105 procedimientos resueltos, de los que 79 concluyeron con la clausura de la actividad, un 37% de los que se iniciaron. De las inspecciones realizadas, el 60% tuvieron lugar en horario nocturno. Las fuentes municipales agregaron que los expedientes no se dejan vencer y que el cobro de las sanciones depende del cumplimiento en período voluntario del sancionado o de la recaudación posterior para las que se resuelvan por la vía ejecutiva, ambas fuera del control de Medio Ambiente. El borrador de la nueva ordenanza de Protección contra el Ruido, que sólo ha sido aprobada de momento en junta de gobierno, potenciaría el papel de la Policía Local y mejoraría la normativa de la ordenanza actualmente en vigor, pues, según el Ayuntamiento, les permite sancionar (en su grado leve), suspender y clausurar buena parte de los comportamientos o actividades molestas, mientras que ahora necesitarían contar con el soporte de un sonómetro.

Las plataformas, que piden la retirada del borrador por considerarla contrario a derecho y por "blindar" a los que contaminan, explican también que el 112 no atiende las denuncias vecinales en materia de ruidos. "Antes llamabas al 092 y había respuesta. No quieren que la Policía Local tenga teléfono directo. Hemos solicitado que se reponga porque el 112 no sirve para nada", expone de la Serna.

Los miembros de las plataformas ponen especial énfasis en la situación de las terrazas de verano. "La ley de Espectáculos Públicos prohíbe la música en ellas, por lo que no pueden tener licencia. La nueva ordenanza de Ruidos pretende crear huecos para legalizarlas". Emilia de la Serna revela que la Línea Verde las habría denunciado a todas, pero que Medio Ambiente no actúa: "Se abre un expediente después de muchas denuncias. Se alarga en el tiempo y a los cuatro meses se hace una propuesta de sanción de mil euros. Si hay mucha presión se produce la orden de cierre, que llega cuando ha terminado la temporada y ya ha cerrado. También utilizan un procedimiento que es presentar la declaración responsable. Se piden para actividades que no están en el nomenclátor. Cuando la Policía va les sacan el papel con el sello del Ayuntamiento".

De la ilegalidad de la norma a la protección del ciudadano

Las diferentes asociaciones han presentado un escrito al secretario general del Ayuntamiento, como garante de la legalidad, solicitando que no se presente esta ordenanza al Pleno. Los colectivos entienden que la nueva norma que prepara el Consistorio supone "una clara infracción de la legislación vigente en Europa, España y Andalucía". Según la jurista Emilia de la Serna, esta ordenanza "sería el colofón de un entramado de ordenanzas, como la de veladores o la de actividades, redactadas de espaldas a los afectados, que parecen proteger a ultranza las actividades contaminantes, borrando todo vestigio de protección ambiental, con ello podrían conculcar la legislación vigente. Cada una tiene una pequeña grieta que hace que una encaje en la otra y se produzca un blindaje". Los denunciantes esgrimen que hay una dejación de funciones en el control de las actividades y en el deber de auxilio. Las plataformas denuncian también que la ordenanza ha sido redactada por una empresa de ingeniería y no por los funcionarios cualificados que habían elaborado una adoptada por la FAMP. Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguran que el borrador incluye muchas mejoras que persiguen "proteger al ciudadano". Una de esas novedades es que las actividades que deban disponer de equipos limitador-controlador de sonido (actividades con música y música en directo) tienen que poseer un sistema de transmisión de datos en tiempo real ejecutable mediante una aplicación que el Ayuntamiento pretende establecer para facilitar la labor de inspección y control municipal. Para la elaboración del texto, explican que se han mantenido reuniones con las plataformas de ciudadanos contra el ruido, asociaciones de juristas, o colegios profesionales que habrían aportado sus sugerencias. Producto de estas ideas, según el Consistorio, "se ha potenciado el principio de prevención, que exige que antes de iniciar la actividad o el desarrollo de la misma, el establecimiento debe cumplir los objetivos de calidad acústica, remarcándose en el artículo 3 (competencias municipales) y desarrollado en el título 2 (normas de calidad acústica".