La Junta ultima su limitación de los pisos turísticos en el centro y Triana

Tras el recurso contencioso-administrativo presentado hace unos días por la Agencia de la Competencia de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Superior de Justicia Europea (TSJA) contra la regulación de las viviendas del Ayuntamiento de Sevilla al considerar que no tiene potestad para imponer requisitos, el Gobierno andaluz está ultimando la adecuación de su limitación a la normativa europea para evitar sacar adelante un texto “que iba a ser tumbado al minuto”. La intención es que el borrador esté terminado en unos días.

Una vuelta de tuerca que endurezca las condiciones para convertir un piso en turístico en zonas tensionadas de la ciudad como el centro o Triana. Esa medida supondría la imposibilidad de abrir nuevos pisos turísticos hasta que su porcentaje no se adecuase a los estándares necesarios de calidad de vida de los residentes.

Esta petición del equipo de Antonio Muñoz está a punto de tenerla lista el Gobierno andaluz, que ya cuenta con “algunos informes sobre la evolución de las normativas en relación con las viviendas con fines turísticos” y los técnicos están “tratando de adecuar” a la andaluza “para evitar lo que se está produciendo en algunos casos en materia de competencia”. Desde la Consejería de Turismo se argumenta que “una normativa especialmente rígida en términos de dejar fuera de la planificación a viviendas de fines turísticos es, desde el punto de vista de la Agencia de la Competencia y de los tribunales, algo que no se admite en este contexto de libre mercado”.

Para evitar “sacar adelante una norma que iba a ser tumbada al minuto siguiente por estas cuestiones”, el Gobierno andaluz ha decidido “darle una vuelta y, si no para esta semana, para la semana siguiente”, prevé tener “un borrador en esa materia que incorpore ya precisamente esa visión, que pasa fundamentalmente por la seguridad de que la vivienda turística” esté “asociada a calidad del alojamiento”.

“Lo que podemos regular desde la Junta, porque la normativa en materia de alquileres corresponde a la Administración del Estado, que es la que tiene que ver dónde se incardina el arrendamiento para fines turísticos dentro de los arrendamientos urbanos”, precisa el consejero Arturo Bernal. Los técnicos están incorporando a la normativa aportaciones con el consenso de hoteleros y del resto de alojamientos reglados de la oferta andaluza para que el nuevo documento pueda estar en vigor próximamente.

Tras apuntar que “ese desarrollo legal no está hecho y tenemos una dificultad importante para incardinar el resto”, subrayó que “la Junta, como garante de la calidad de la oferta turística”, tiene “la obligación de buscar el encaje perfecto para los alojamientos turísticos”. El consejero también explicó que en la normativa andaluza faltaba “incorporar la visión europea que decía que los establecimientos que se publiciten a través de plataformas online tienen que estar registrados, y deben aparecer además en la oferta y en la plataforma con el registro público correspondiente”, algo que “genera un elemento de calidad y una posibilidad de perseguir a aquellos que no cumplan con ese objetivo”.

La Comisión Europea presentó a finales de noviembre una propuesta para regular los alquileres turísticos en aras de una mayor transparencia. Bruselas plantea ampliar los requisitos exigidos a portales digitales con el objetivo de reducir los alojamientos ilegales, para lo que propone la creación de un registro de propietarios y viviendas. El órgano presidido por Ursula Von Der Leyen pretende que las autoridades de los Estados miembros pongan en marcha un registro digital en el que consten los propietarios de alojamientos turísticos, el número de viviendas que alquilan y su ubicación. De este modo, cada anfitrión contará con un número de identificación que deberá mostrarse públicamente.

A partir de este número de registro, las plataformas de alquiler turístico tendrán que realizar controles aleatorios para verificar que la vivienda está correctamente registrada. En caso de incumplirse esta exigencia, las autoridades públicas competentes podrán obligar a eliminar la cuenta en cuestión. Además, los portales digitales tendrán que compartir con las autoridades públicas, una vez al mes y de forma automatizada, los datos sobre el número de noches alquiladas y de huéspedes.