La Junta traslada a las profesoras del caso de la niña autista vejada

La Junta ha trasladado a las dos profesoras investigadas por presuntas vejaciones a una niña autista en un colegio de Dos Hermanas, el CEIP Cervantes. Dos de las tres docentes que están inmersas en este proceso judicial habían comenzado el curso en el mismo colegio en el que ocurrieron los hechos que se investigan, lo que desató las quejas airadas de numerosos padres de alumnos del centro.

Unas semanas después de estas quejas, la Delegación de Educación ha decidido atender a la petición de los padres y cambiar de centro a las profesoras. La dirección del centro así se lo comunicó a principios de esta semana a los padres de los alumnos del aula específica, que se habían negado a llevar a sus hijos a clase mientras las docentes continuaran en sus puestos.

A mediados de septiembre, un grupo de madres del colegio público Cervantes de Dos Hermanas expresó su indignación por el regreso de las profesoras. En un escrito enviado por varias madres de alumnos a este periódico, estas mujeres mostraban su "más profundo desacuerdo" por la presencia este curso de dos de las profesionales investigadas.

"Los padres de los alumnos a los que estas personas darán clases tenemos miedo, y muchos no estamos llevando a nuestros hijos a clase por este motivo. Son alumnos de unas características especiales que necesitan volver al colegio y empezar sus rutinas", decía el escrito, en referencia al aula específica. "Los demás padres no quieren a estas personas en el colegio hasta que sean juzgadas, y piden unas medidas cautelares al estar ambas profesoras investigadas por un delito de maltrato infantil hacia una alumna".

Los hechos ocurrieron en abril de 2019, cuando una niña autista de siete años fue sometida presuntamente a insultos y vejaciones por parte de varias trabajadoras del centro. Los padres llevaron el caso a los tribunales después de introducir una grabadora en la mochila de su hija. Un juzgado de Dos Hermanas mantiene abierta una investigación sobre el caso. La familia de la niña ejerce la acusación particular de la mano del abogado Javier Jaenes, del bufete Montelirio.

"El proceso judicial de esta familia sigue en marcha, esperando un juicio justo. Aprovechamos para mostrar nuestro apoyo y agradecimiento a la madre (de la niña que sufrió las presuntas vejaciones), que además de luchar por su hija siempre lo hizo por los demás niños de este colegio", apuntaba la nota. Los padres del aula específica y otro grupo de padres del colegio aseguraban entonces que habían mantenido reuniones con el equipo directivo del mismo para buscar soluciones y solicitar el cese temporal de la labor de estas profesoras. "Sin embargo, la respuesta del colegio ante la situación es que ellos no tienen potestad ni injerencia en el tema, ya que ha sido una decisión de la Delegación de Educación", sostenían.

Por ello, los padres del aula específica decidieron no llevar a sus hijos a clases, "con las repercusiones negativas que esto significa para ellos, como medida de presión y protesta hasta que estas profesionales abandonen el centro, mientras un juez decide el proceso en el que son parte; ya que tememos por la seguridad y la salud de nuestros niños".

La misiva añadía que se estaban recogiendo firmas y se habían enviado escritos a la Delegación de Educación para que "tome cartas en el asunto". Las madres firmantes recordaban las palabras del consejero del ramo, Javier Imbroda, que aseguró que un caso como éste hacía necesario que se repasara todo el sistema para asegurar que los niños están en las mejores manos.

Los padres recordaban también los audios que se hicieron públicos cuando se dio a conocer el caso. "Se pudieron escuchar cinco horas de vejaciones hacia una menor con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), además de una dejación de funciones absoluta, ya que los demás alumnos se pasaban horas delante de un ordenador viendo dibujos animados o canciones". La nota concluía puntualizando que las profesoras "nunca han expresado arrepentimiento por lo ocurrido".

Estas críticas de los padres parecen haber surtido efecto en el seno de la Delegación de Educación, que ha optado por cambiar de centro a las docentes investigadas. Este periódico contactó con una portavoz de este organismo, que no quiso ofrecer información sobre el asunto ni sobre los motivos que han llevado al traslado de las profesoras. La portavoz pidió el respeto a la presunción de inocencia de las docentes y que se guardara la información privada de las mismas.