La Junta retirará los conciertos a los siete colegios que segregan por sexo

La consejera andaluza de Educación, Mar Moreno, descartó ayer que en el curso 2013-2014 su departamento mantenga el concierto con los doce colegios andaluces que imparten enseñanza diferenciada, de los cuales siete se ubican en Sevilla, a no ser que cambien de modelo. La consejera consideró que la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza los conciertos en los colegios que no admiten alumnos de ambos sexos o los separan por esa razón "da luz verde a la no renovación".

Sobre las consecuencias de la sentencia, que afecta al colegio sevillanoElcható de Brenes, Moreno señaló que los servicios jurídicos de su departamento están estudiando las "consecuencias administrativas" y si se trata de una "aplicación inmediata", que afectaría al curso que se inicia el mes que viene, o no. A este respecto señaló que podrá tener un dictamen en el plazo de dos o tres días.

Sobre los doce centros andaluces concertados que imparten educación diferenciada en Andalucía, siete de ellos en la provincia de Sevilla, Moreno especificó que podrán seguir manteniendo esos conciertos sólo si deciden ofrecer educación mixta, de modo que será "voluntad de los centros". La consejera explicó que, en Andalucía, los conciertos se firman para cuatro años y que es precisamente en enero cuando se han de renovar esos convenios, de ahí que se haya referido al curso 2013-14.

En términos presupuestarios, el concierto con esos colegios, por su volumen, es algo "anecdótico", según admitió la consejera, quien recordó que hay otros pleitos en marcha por este mismo motivo y confió en que las resoluciones del Supremo sean en el mismo sentido.

Los centros sevillanos que imparten la educación diferenciada son Nuestra Señora de Lourdes, de Carmona; Elcható, de Brenes; Molino Azul, de Lora del Río; y Ángela Guerrero, Albaydar, Ribamar y Altair en Sevilla capital. En Andalucía también hay otros en Aguadulce, Almodóvar del Río, Posadas, Córdoba y Chauchina.

La polémica sobre la educación diferenciada subió de tono ayer tras anunciar el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, cambios legislativos para que los centros concertados que separen los alumnos por sexos puedan ser subvencionados, lo contrario que pretende la Junta de Andalucía, una posición que ha llevado al PSOE a calificar su posición de "decimonónica".

El ministro de Educación apuntó la posibilidad de que la ley explicite, en la futura reforma educativa, que la enseñanza diferenciada por sexos no tiene por qué suponer discriminación ni segregación en "determinadas condiciones". "Quizás una clarificación del marco legislativo en el que se resuelve esta cuestión ayude o dé lugar a resoluciones en otro sentido", comentó en alusión a la sentencia y al proyecto de ley de mejora de la calidad educativa que el Gobierno enviará al Congreso entre finales de octubre y primeros de noviembre. Según el ministro, si en un debate articulado y argumental, libre de prejuicios ideológicos, se determina que la posibilidad de ofrecer educación diferenciada no implica discriminación, "no habría ninguna razón" para que esos centros no se sostengan con fondos públicos.

Esta posición le valió al ministro y al PP críticas desde la oposición socialista y desde IU. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, apuntó que a "este Gobierno" del PP "le parece bien todo lo que nos lleve al pasado". Además, incidió en que al Ejecutivo popular, "claramente de derechas", le "parece bien todo lo que nos haga retroceder a un escenario preconstitucional", y dejó claro que, en este caso, "la razón la tiene Andalucía".

En la misma línea, el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Eduardo Madina, aseguró que el PP vive en "el siglo XIX". Madina apuntó que el problema no está en los colegios que segregan, sino en que el Gobierno pretenda que la financiación a estos centros "salga de los bolsillos de todos los españoles".

La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, añadió que, además, este tipo de educación "atenta contra la igualdad de las mujeres".

IU registró ayer en el Congreso una petición para que comparezca el ministro Wert y explique cómo piensa cumplir con las sentencias del Supremo. Para la portavoz de esta formación en la Comisión de Educación, Caridad García, el ministro no está en su cargo para decir que "acata o valora" en mayor medida una sentencia, sino para hacerlas cumplir, "le gusten o no".

Otras organizaciones insistieron también en la obligación de que se cumpla la sentencia en las comunidades que deciden a qué colegios se incluye en el concierto (es decir, a cuáles se subvenciona con dinero público). CCOO recurrirá ante los tribunales la concesión de conciertos educativos a centros que segreguen y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos pidió que se aplique la doctrina del Supremo.

En otro orden, USO advirtió de "consecuencias muy negativas" del fallo para los trabajadores de centros que separan por sexo. Otro enfoque para la polémica.