La Junta reitera el día de su tramitación que el dragado debe cumplir con el CSIC

El proyecto de dragado de profundización del estuario del Guadalquivir inició este martes su tramitación tras pasar por el consejo de administración del Puerto de Sevilla. Horas después, el Gobierno andaluz volvió a insistir en que el proyecto debe cumplir las recomendaciones científicas que marcó el CSIC en 2010 sobre los efectos de esta obra, y no descartó que la Unión Europea tenga que validarlo al contar con un 80% de fondos europeos para su ejecución.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta, el portavoz Miguel Ángel Vázquez aclaró que es la administración del Estado la que debe decidir si el proyecto de dragado del río cumple o no con la declaración de impacto ambiental, como requisito previo para para autorizar su ejecución.

El portavoz del Gobierno andaluz puso en valor la relevancia del proyecto que hay que mirar con todo tipo de "esmero" por su repercusión laboral y para la conservación del patrimonio natural de Andalucía. Según Vázquez, el Gobierno andaluz entiende que esas recomendaciones se han de cumplir para que el proyecto salga adelante y tenga todo el visto bueno de los actores interesados en el dragado del puerto.

La Autoridad Portuaria de Sevilla emitió una nota a la prensa defendiendo que el proyecto de ensanche de la canal de navegación es "medioambientalmente viable" y que así lo recoge la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2003. No dice que esta declaración se condicionó a lo que dijera el estudio científico posterior de 2010. El Puerto explicó que se aumentará el calado del canal de 6,8 a 8 metros en la desembocadura y desde 6,5 a 7,60 en el canal fluvial, pero "no en las márgenes" sino "en los tramos necesarios; no, por tanto, en toda la sección del cauce, ni en toda su extensión". Reiteró que se trata de conseguir "una mejora operativa, esencial y fundamental en la "Eurovía Guadalquivir" y que el incremento de calado es "mínimo en relación a otros puertos interiores europeos, como Amberes, Hamburgo o Ámsterdam".

Justo este martes, varios centenares de tractores, sobre todo del sector arrocero que da empleo a más de 5.000 personas, participaron en Isla Mayor en una protesta convocada por UPA-Andalucía contra el dragado del río. El sector recalca que la autorización ambiental que existe de este proyecto es negativa. Su secretario general en Andalucía, Agustín Rodríguez, afirmó que "todos los estudios científicos reconocen que el dragado alteraría la calidad del agua" y exigió al ministro Arias Cañete que lo detenga. "El ministro tiene la obligación legal de parar esta locura de un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza", dijo.