La Junta recurrirá al TC el decreto que instaura la libertad horaria comercial

Nueva confrontación política entre el Gobierno y la Junta. El decreto sobre comercio interior anunciado el pasado lunes por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha provocado que la Administración autónomica amenace con llevar al Ejecutivo central a los tribunales por entender que invade sus competencias y por considerar "anticonstitucional" la fórmula empleada para establecer la libertad de horario en dicho sector. Aunque lo anunciado por García-Legaz sólo ha sido una propuesta, al consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez (IU), le ha sido suficiente para advertir que de aprobarse esta medida -pensada para reactivar la economía a través de los visitantes de las ciudades turísticas- supondrá un gran perjuicio para las pymes y el empleo al beneficiar "sólo" a las grandes superficies.

La batalla está servida desde el principio. Sólo dos días han hecho falta para que el Gobierno andaluz se posicione rotundamente en contra del futuro decreto mediante el cual se amplía el horario comercial a 90 horas semanales, se establece un mínimo de 10 festivos en los que se pueden abrir las tiendas y se obliga a las grandes ciudades que tengan un millón de pernoctaciones al año -entre ellas, Sevilla- a establecer una zona de influencia turística con libertad horaria comercial.

Rafael Rodríguez menciona la jurisprudencia que existe al respecto para poner en duda la aprobación del decreto. En este sentido, recuerda que el 17 de marzo de 2011 el Tribunal Constitucional dio la razón al Parlamento catalán en un recurso contra el Gobierno al estimar que "la utilización de la figura del decreto-ley para regular [...] los horarios comerciales constituye un supuesto de uso abusivo y arbitrario de esa figura". Por lo que Rodríguez estima que si el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio continúa con sus pretensiones, "a sabiendas de que es anticonstitucional", provocará "una voladura controlada de la Constitución".

Además, el consejero de Turismo y Comercio hace hincapié en la intromisión que esta medida provoca en las competencias de la Junta, que, según aclaró, regula desde hace años la denominación de zonas de gran influencia turística, área establecida en más de una veintena de municipios andaluces, al menos, durante una época del año. Rodríguez recordó el caso de Sevilla, donde la falta de consenso entre los comerciantes provocó que la petición para conseguir una zona de influencia ni siquiera se planteara al Ayuntamiento.

Hasta ahora, el proceso seguido por las pequeñas tiendas y las grandes superficies para flexibilizar los horarios en un municipio o en un número concreto de calles consistía en presentar la petición al gobierno local y éste la elevaba a la Administración regional, que tiene la competencia para dar el visto bueno. Este procedimiento cambiará con el nuevo decreto que quiere sacar adelante el Gobierno, ya que ciudades como Sevilla y Málaga estarán obligadas a tener zona de gran influencia turística, pese a que buena parte del sector no esté conforme. Por tanto, la labor ahora de los ayuntamientos y los comerciantes será consensuar la delimitación de dicha área con libertad horaria.

Para el consejero de Comercio, el Gobierno "legisla al dictado de las multinacionales", puesto que "se le meterá la mano en la cartera al pequeño y mediano comercio para trasladar los beneficios a las grandes superficies, la mayoría sin domicilio fiscal en suelo español". La ley autonómica permite actualmente abrir cualquier día a las tiendas con menos de 300 metros cuadrados, que, según el consejero, representan el 99,5% del tejido comercial andaluz.