La aldaba
Carlos Navarro Antolín
La lección de Manu Sánchez
Cuatro años después, la historia se repite. Fue en 2013 cuando la Junta decidió retirar los conciertos a los centros de educación diferenciada, aquéllos en cuyas aulas no se mezclan alumnos de distinto sexo. La medida estaba amparada en las sentencias dictadas por el Supremo en verano de 2012, que se basaban en la LOE, la ley educativa aprobada en el Gobierno de Zapatero.
La decisión causó tal rechazo en la comunidad educativa de estos centros que se recurrió a la Justicia. El Alto Tribunal Andaluz (TSJA) acabó dando la razón a los padres, sindicatos y los titulares de estos colegios. El motivo para que siguieran recibiendo financiación pública era la recién aprobada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que tanta polémica causó en la pasada legislatura.
La Administración autonómica llevó el asunto al Constitucional, ya que estando en vigor la LOE, el Gobierno de Rajoy había introducido una disposición adicional en los Presupuestos de 2013 para permitir la financiación de estos centros. Para la Junta, esto suponía una "intromisión" de competencias, ya que una ley de Presupuestos no podía modificar una de rango superior. La respuesta del Constitucional se produjo con la Lomce ya en vigor, que ampara la enseñanza diferenciada, por lo que el Ejecutivo andaluz no tuvo más remedio que concertar los colegios no mixtos.
Estos fallos, no obstante, nunca han entrado en el fondo de la cuestión, motivo por el cual el Gobierno de Díaz recurrió al Supremo, cuya sentencia llegará en 2018, un año después de que se renueven los conciertos, proceso que tiene lugar actualmente. En medio de este trámite, y a poco más de una semana de que comience la escolarización, la Consejería de Educación hizo oficial ayer que retirará el concierto a los centros que segreguen por sexo. En la provincia de Sevilla son seis: Altair, Albaydar, Ribamar, Ángela Guerrero (todos en la capital), El Cható (Brenes) y Nuestra Señora de Lourdes (Carmona). La mayoría pertenecen al Opus Dei, excepto el Ángela Guerrero y Nuestra Señora del Carmen, cuyos titulares son las Hermanas de la Cruz.
Los padres y la patronal de enseñanza concertada CECE aseguran no sentirse preocupados, pues esta situación ya se vivió hace cuatro años y desde entonces los tribunales les han dado la razón a ellos. En la Consejería de Educación se niega que se trate de "cabezonería". "Sólo cumplimos con el ordenamiento jurídico", aseveran fuentes del departamento que dirige Adelaida de la Calle. "Si dentro de un año el Supremo nos obliga a concertar las unidades, acataremos la sentencia", explican estas fuentes.
Las unidades que se eliminarían de la oferta pública sólo serían las de acceso (las de tres años mayoritariamente), por lo que los alumnos que ya ocupan una plaza concertada seguirán con ella. La intención de la Junta, en todo caso, es que el próximo 1 de marzo, cuando se inicia el proceso para solicitar un puesto escolar, los colegios diferenciados no aparezcan en la oferta educativa, una merma que perjudicaría la demanda que reciben dichas escuelas, que verían de este modo bastante afectado su sostenimiento económico.
Desde la Consejería se insiste en que la Convención de la Unesco legitima que se sostenga con fondos públicos este modelo pedagógico "siempre que ofrezca una oferta educativa igual en los dos géneros", situación que no se produce "en ninguno de estos centros". Desde 2013 se ha reducido el número de colegios diferenciados de 12 a 9. Tres pasaron a ser mixtos, uno de ellos fue el Molino Azul, en Lora del Río.
El presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, afirmó ayer que la presidenta andaluza, Susana Díaz, "continúa con su política autoritaria y unilateral sentenciando a los colegios concertados de educación diferenciada antes que los propios jueces". Estas declaraciones se producen tras el anuncio de la Junta de "retirar el concierto a estos centros". Bueno no entiende "las prisas" del Gobierno de Díaz por eliminar estos conciertos cuando es un asunto que aún está en los tribunales y que ya cuenta con una sentencia del TSJA que "da la razón a los colegios". Para Bueno, la presidenta de la Junta "vuelve a atacar la libertad de los padres a decidir la educación que quieren para sus hijos".
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