La Junta insiste en que se impute a un asesor del anterior alcalde de Sevilla
Alfonso Seoane dirigió los proyectos para que la ciudad fuese olímpica con Sánchez Monteseirín.
La Junta de Andalucía ha vuelto a reclamar al juzgado de instrucción número seis de Sevilla que dirige la juez Mercedes Alaya que llama a declarar en calidad de imputado a Alfonso Seoane Yarza, quien fuese estrecho colaborador del ex alcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín.
Seoane, directivo de la Federación Española de Baloncesto, asesoró al ex alcalde en los diversos proyectos olímpicos de la ciudad durante el mandato del regidor (1999-2011).
En las alegaciones de la Junta conocidas este lunes tras levantarse el secreto de sumario, la Junta reitera la solicitud realizada en octubre de 2011, cuando pidió que se imputara a Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente andaluz, que ya está imputado. Entonces la Junta entregó un informe sobre esa supuesta "trama de empresas vinculadas" al fondo de los ERE, en el cual solicitaba además la imputación de los ex concejales socialistas José Enrique Rosendo y Sayago Lozano, y los empresarios o miembros en consejos de administración Alfonso Seoane Yarza, Rafael Ávila, Eduardo Lora y José Enrique Contreras Sáenz de Tejada. Seoane aparece como administrador de una empresa dedicada a la promoción de productos agrícolas ubicada en la Sierra Norte de Sevilla, campo donde se dirige el foco de la Junta. En sus alegaciones, la Administración andaluza centra el ámbito de responsabilidad en el entorno del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que ocupase este cargo desde 1999 a 2008.
La Junta también pide que se cite a declarar como imputado a un empleado de Caja San Fernando, Gerardo de la Cruz Elías, encargado de los trámites de ayudas en esta zona. La Junta advierte que "no deja de ser extraño que una entidad financiera (en este caso la Caja San Fernando) no haya dirigido reclamación alguna a pesar de los numerosos endosos que aceptó de ayudas que no fueron pagadas". La Junta detecta que a veces no se da la subvención de forma directa, sino que los empresarios obtuvieron garantías del banco para obtener el dinero.
La Junta también pide que se impute a dos empleados de BBVA Factoring y a Antonio Polonio, propietario de una empresa de movimiento de tierras en Las Navas de la Concepción que denunció a Guerrero por meterlo como intruso. La petición se completa con la ampliación de la imputación merced a la documentación aportada del ex chófer de Guerrero o del ex director general Juan Márquez, entre otros.
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