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La Junta impugnará cualquier cambio del PGOU que limite las casas de apuestas

FRENO AL AUMENTO DE LOS NEGOCIOS DE JUEGO

La Consejería de Hacienda argumenta al Ayuntamiento que una modificación que afecte al régimen de distancias mínimas supondría una invasión de sus competencias

Una pareja pasa por la puerta de un salón de juegos. / Juan Carlos Muñoz

Un importante revés de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Sevilla y resto de municipios que trabajan para limitar los establecimientos de casas de apuestas. La Consejería de Hacienda ha adelantado al equipo de Juan Espadas que impugnarán cualquier modificación puntual de las normas urbanísticas que afecten al régimen de distancias mínimas al entender que supondría una invasión de competencias exclusivas del gobierno andaluz.

En la misiva, la consejería señala que sus previsiones para modificar la normativa a nivel andaluz son antes de junio. Desde el Ayuntamiento se analiza ahora si es posible técnica y jurídicamente seguir adelante con la modificación prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras el contundente mensaje de la Junta. En el caso de que los técnicos encuentren una fórmula viable, la idea es llevarla incluso al Pleno de esta semana.

La capital no es el único caso reciente. La Consejería de Hacienda instó hace unos días al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, el primero que buscó un freno a estos negocios, a paralizar el cambio del PGOU. La razón esgrimida es que se ha “extralimitado en sus competencias”, que afectan a la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma y corresponde en exclusiva al Consejo de Gobierno de la Junta. La alternativa es un nuevo decreto que modificará el reglamento de salones de juegos en algunos aspectos y establecerá un nuevo régimen de distancias mínimas a centros de enseñanza reglada no universitarios.

Desde la Junta apuntan que está previsto fijar una distancia de 150 metros radiales, lejos de lo que contempla Alcalá, que abocaba a estos salones de juego a que sólo pudieran abrir en zonas comerciales o polígonos. El gobierno andaluz recuerda que la “intervención normativa” de los municipios en cualquier sector no puede obviar el “cumplimiento de los principios administrativos de competencia y de jerarquía normativa” y al “principio constitucional de igualdad” y “se requiere” al Pleno a derogar los trámites.

Volviendo al Ayuntamiento de Sevilla. La Gerencia de Urbanismo aprobó a mitad de diciembre de 2019 suspender durante un año cualquier autorización o licencia urbanística relacionada con la apertura o ampliación de estos salones de juego en la ciudad. La fórmula elegida fue idéntica a la utilizada hace más de dos años para suspender las licencias de obras en Nervión para salvar los edificios regionalistas. Mientras se ha mantenido esta medida prevista en la normativa urbanística avalada por un informe de los servicios jurídicos, se ha intentado tramitar una modificación del PGOU para regular la apertura de estos establecimientos ante el problema de salud que generan al fomentar la ludopatía.

La moratoria de un año expirará el próximo 17 de marzo, al haberse ampliado el plazo por la pandemia, sin que exista una solución que ponga freno a este fenómeno que ha derivado en un auténtico problema de salud pública. La suspensión de cualquier nueva licencia o declaración responsable fue el primer paso del equipo de Espadas para iniciar el proceso de elaboración de una modificación del PGOU que se ha estado estudiando jurídicamente y que tiene definidos los primeros objetivos tras el diagnóstico de la situación en Sevilla y en otras grandes ciudades.

Los servicios jurídicos municipales analizan las opciones tras el contundente mensaje

Dentro de las competencias y posibilidades legales municipales, lo primero era fijar una regulación que impidiese la apertura de nuevas casas de apuestas en las zonas declaradas de transformación social en la ciudad, que concentran un mayor volumen de población con pocos recursos económicos. También se han estudiado medidas para evitar la concentración de muchas casas de apuestas y salones de juego en una misma zona, así como su puesta en funcionamiento en el entorno de centros educativos o equipamientos con población menor de edad.

El gobierno socialista ha reconocido siempre que la situación “hace urgente una regulación que aborde respuestas a la preocupación creciente por el impacto del juego sobre la sociedad en su conjunto y sobre la juventud en particular, protegiendo a las personas consumidoras y usuarias, en su salud física y mental, estableciendo límites para evitar la cercanía a los centros educativos, evitar las avenidas del juego, y la acumulación de estos centros en los barrios más populares”.

Éste es uno de los ejes en los que siguen trabajando los técnicos de Urbanismo, que tratan de evitar la apertura de este tipo de negocios en las seis zonas de Sevilla con problemas sociales como Cerro Amate, Polígono Sur o Torreblanca. Los servicios jurídicos entienden que el Consistorio “puede introducir restricciones a través del planeamiento, siempre que existan razones imperiosas de interés general como orden público, seguridad pública y salud pública”.

Una mujer con mascarilla junto a una casa de apuestas. / Juan Carlos Muñoz

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