La Junta se desliga del ERE de Mercasevilla y espera que la juez "llegue hasta el final"

La Consejería de Empleo ha reiterado que no tiene "ningún compromiso administrativo" para/con la financiación de las prejubilaciones implicadas en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa. Mientras el colectivo de prejubilados de este procedimiento reclama al Gobierno andaluz que asuma tal papel al haber quedado paralizadas sus prestaciones, el departamento de Manuel Recio ha manifestado su "interés" en que el Juzgado de Instrucción número seis "llegue hasta el final" en las diligencias incoadas en torno a la anterior gestión del mercado central de abastos.

En un comunicado, la Consejería de Empleo informa de que el pasado mes de junio, elevó al Juzgado de Instrucción número seis "toda la documentación referente" al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla, al que se acogieron unos 40 empleados cuyas prejubilaciones han quedado en el aire al desligarse la Administración autonómica de su financiación. Aunque en la documentación del ERE figura la Junta de Andalucía como principal fuente de los pagos, el Gobierno andaluz no concede validez jurídica a los documentos esgrimidos hasta el momento por el colectivo de prejubilados.

Así, la Consejería de Empleo reitera su disposición "a colaborar plenamente con la instrucción del caso, para que se esclarezca cualquier irregularidad si esta se detectara". A tal efecto, ha manifestado "interés en que la investigación llevada a cabo en torno a Mercasevilla llegue hasta final y se depuren todas las responsabilidades posibles que en su caso pudieran determinar los jueces".

En concreto, el Juzgado de Instrucción número seis tramite tres líneas de investigación en torno a la anterior gestión de la sociedad mixta. La juez Mercedes Alaya, en efecto, investiga el posible intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, las supuestas irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado de abastos y un posible delito societario, línea esta última en la que se encuadra el ERE de 2007.

La Consejería de Empleo, así, reitera "una vez más, que no tiene ningún compromiso administrativo para el pago de las prejubilaciones" pactadas en torno al ERE de 2007.

Y es que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, mediante un escrito elevado el pasado 21 de junio al Juzgado de Instrucción número seis, ha negado "rotundamente, cualquier compromiso de pago" para con la financiación del expediente de regulación de empleo de 2007. Dicha alta instancia defiende, respecto a este ERE, que no le consta "ningún procedimiento con arreglo a las normas de derecho administrativo especial" y que los "meros actos de comunicación" del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero son "huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".