La Junta aclara que cualquier decisión sobre la Plaza de España en Sevilla requiere "el acuerdo de varias administraciones"

La propuesta del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de vallar la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas gana pocos adeptos. La iniciativa no recibe ni el apoyo unánime del PP. Ejemplo de ello es la Junta de Andalucía, que no ha expresado aún un respaldo decisivo a esta idea, contra la que ya se han recogido miles de firmas, además de la negativa rotunda de los grupos de izquierda en el Ayuntamiento y del Gobierno central.

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía se ha pronunciado sobre esta medida del equipo de Sanz, con la que se pretende preservar la gran joya del regionalismo y lograr que los beneficios económicos que se obtengan con las entradas financien un taller de cerámica para las reparaciones de los elementos que se dañen. Fuentes del departamento que dirige Arturo Bernal han explicado a Diario de Sevilla que "en primer lugar esto es un tema que, por las distintas titularidades que tiene el entorno, requeriría un acuerdo de varias administraciones".

Debe recodarse que la Plaza de España posee doble titularidad: el Ayuntamiento hispalense y el Gobierno de España, motivo por el cual el gobierno de Sanz enviará la propuesta al Ejecutivo central. Pero, además, la Junta de Andalucía también interviene en este conjunto, pues vela por su protección. De hecho, el pasado verano la Comisión Provincial de Patrimonio pidió un informe sobre la afección que el festival Icónica -que durante dos meses de verano ocupa el recinto- tiene en el gran legado de Aníbal González. Este ente autonómico también podría pronunciarse sobre la afección de la valla que Sanz quiere colocar alrededor de la plaza.

Un monumento BIC

"El alcalde de Sevilla es el que mejor conoce su ciudad y su idea sobre la Plaza de España", refieren estas fuentes, que a continuación inciden en que "sí hay que tener en cuenta que la Plaza de España es Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de monumento, por lo que esta construcción obtiene el grado máximo de protección que establece la Ley de Patrimonio Histórico Español". A continuación de este recordatorio desde la Consejería de Cultura se añade otra aseveración con cierto matiz de advertencia: "No es por tanto una avenida ni una calle". Es decir, no se trata de un enclave donde se puedan aplicar medidas generalistas.

Eso sí, desde Cultura, lejos de añadir más leña a la polémica generada con esta propuesta, se hace hincapié en que "en cualquier caso, el proyecto del alcalde garantiza que el acceso de los sevillanos sería gratuito". Un sistema similar al del Alcázar, pero para cuya visita los nativos de la capital y la provincia han de guardar cola o reservar entrada con bastante antelación.

Una de cal y otra de arena desde una de las consejerías de la Junta de Andalucía, gobernada por un Partido Popular que se ha opuesto a que los ayuntamientos impongan el cobro de una tasa turística, con la que se generarían ingresos para la conservación de los monumentos. Un gravamen impuesto en buena parte de las ciudades europeas, que en ningún momento han visto mermadas las cifras de turistas.