La Junta, contraria a la "imposición" del casco ciclista en la ciudad

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, se ha mostrado este jueves contraria a la "imposición" que supone extender a áreas urbanas la obligatoriedad del uso del casco en bicicleta, porque "no contribuirá a aumentar la seguridad de los ciclistas" y, al contrario, conllevará una "desincentivación" del uso de este medio de transporte que hará "más incómoda e insegura" a la ciudad en su conjunto.

"Si de lo que se trata es de proteger la seguridad del ciclista", ha dicho Cortés, hay que "incidir en el comportamiento de los conductores de automóvil, que son la variable de riesgo". La consejera, que ha comparecido en la Comisión de Fomento y Vivienda, ha afirmado que la solución es promover "más y mejores espacios para que los ciclistas circulen seguros y cómodos", tal y como hace su departamento, actualmente en fase de participación pública previa a la publicación del Plan Andaluz de la Bicicleta, que parte con el objetivo de que el 10% de los desplazamientos en áreas metropolitanas en Andalucía se realice en bicicleta.

En cuanto al aspecto formal, la consejera ha calificado de "despropósito" que una ley, en este caso la Ley de Seguridad Vial, "que no incluye obligación de casco en vías urbanas para ciclistas, se modifique vía reglamento, por la puerta de atrás y sustrayendo el debate al Congreso y a la participación de las asociaciones y entidades expertas en el tema".

"Al PP no le interesa el debate porque no puede ofrecer argumentos técnicos para defender su posición sobre este asunto si se entra en el mismo a fondo", ha dicho la consejera, que ha recordado que ayuntamientos de "diversos signos políticos", caso de Sevilla, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Vitoria o Zaragoza se oponen a esta medida. Cortés ha citado también casos de países "con mayor tradición de uso urbano de la bicicleta", como Dinamarca, Holanda, Reino Unido o Francia, donde "muy razonablemente no existe esa obligatoriedad", y sí una legislación tendente a garantizar la seguridad de su circulación.

Cortés ha citado posibilidades que incidirían de una forma más favorable en la seguridad de los ciclistas y en la movilidad sostenible: más vías ciclistas, calles y zonas de velocidad limitada a 30 kilómetros por hora, penalización efectiva, y no sólo teórica, de la violación de la distancia de seguridad, entre otros. "En síntesis -ha añadido la consejera- medidas para garantizar o al menos favorecer un tráfico más calmado y prudente".

"Obligar a cada ciclista a ponerse un casco hasta para salir a comprar el pan es sencillamente matar moscas a cañonazos, amenaza los tímidos avances en la cultura de la bicicleta cosechados en España y Andalucía", ha añadido la consejera, que ha lamentado que el Gobierno central apueste con esta medida por una ciudad "concebida únicamente a la medida del coche, del aparcamiento subterráneo y del embotellamiento".

"El riesgo de accidente grave para un ciclista en una vía urbana reside casi en exclusiva en su convivencia con los automóviles, ya que su velocidad media apenas supera los 10 kilómetros por hora", ha señalado Cortés, que ha añadido que "las penosas estadísticas de accidentes en carretera, donde el uso obligatorio del casco sí está completamente justificado, demuestran que en caso de atropello su uso no suele ofrecer suficiente protección".

La medida "no aumentará en la práctica la seguridad de los ciclistas ni de ningún otro usuario del espacio público, sino al contrario", ha dicho Cortés, para quien lo que conseguirá es "desincentivar el uso de este medio, especialmente el uso de la bicicleta pública, contribuyendo a configurar modelos de movilidad más incómodos e inseguros para todos". Ha citado el ejemplo de Sevilla, donde el Ayuntamiento construyó la década pasada 120 kilómetros de vías ciclistas".

"Hoy esa inversión de 30 millones de euros permite 24 millones de desplazamientos al año, seis de ellos en bici pública de alquiler. ¿Cuánto de ese camino que hemos avanzado en Sevilla se puede desandar?", se ha preguntado la consejera, que ha alertado del impacto "enormemente negativo