La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha ordenado el cierre cautelar de dos de las tres residencias de mayores de la provincia de Sevilla que están siendo investigadas por la Fiscalía de Sevilla por presuntos tratos vejatorios a los ancianos, así como por otros tantos delitos entre los que se investiga la distribución de alimentos inadecuados y hasta medicamentos "caducados". Se trata de las residencias "San Lorenzo" de Alcalá de Guadaíra y "La alegría" de Carmona, centros donde según ha explicado este martes la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno se llevaron a cabo sendas inspecciones en noviembre pasado y se detectaron "situaciones denigrantes" para los mayores, aunque no ha querido dar más detalles por lo "doloroso de la situación". 

La Junta ha iniciado el correspondiente expediente sancionador a estas residencias y se le ha dado un plazo de 15 días para llevar a cabo el cierre, por lo que la Junta de Andalucía ya se ha puesto a disposición de los familiares y de los ayuntamientos donde se ubican estos centros para proceder al realojo de los mayores en la forma en que sea posible. Igualdad también ha abierto un expediente sancionador a otra residencia, de la que no ha facilitado datos, y está pendiente de la autorización del cierre cautelar. La consejera ha explicado que en 2020 se llevaron a cabo 290 inspecciones en las residencias de mayores de Andalucía, una cifra que duplica a las realizadas el año anterior.

Estas dos residencias han sido objeto de diversas actuaciones inspectoras durante 2020 y 2021, tanto telefónicas como presenciales. En una de esas actuaciones realizadas entre los meses de noviembre y diciembre, se detectaron infracciones “muy graves”, según ha informado la Consejería de Igualdad, que ha añadido que en ese momento se iniciaron los trámites administrativos pertinentes que han derivado en el inicio de dos expedientes sancionadores. De manera paralela, se dio traslado de estas actuaciones a la Fiscalía de Sevilla, dentro de la colaboración existente entre ambas instituciones. 

Y en el marco de esos expedientes sancionadores, se ha ordenado el cierre cautelar de las dos residencias, que fue comunicado ayer a la dirección de los centros. Una vez notificado, los responsables cuentan con un plazo de 15 días naturales para el cierre voluntario, debiendo comunicarlo a los familiares dentro de los 5 primeros días de ese plazo. Y transcurrido este  tiempo, la Consejería puede ordenar el cierre forzoso de las instalaciones.

Ambas residencias son de titularidad privada y cuentan sólo con plazas privadas. El día de la notificación, había un total de 16 personas mayores en Alcalá de Guadaíra y 24 en Carmona. Si alguna de las personas residentes no cuenta con familia o se encuentra en riesgo de exclusión social, la Consejería adoptará las medidas de protección pertinentes.

Las dos residencias que ya han recibido la orden de cierre cautelar están siendo investigadas por la Sección de Personas Mayores y de Protección de Personas con discapacidad de la Fiscalía de Sevilla, Norberto Sotomayor, que ha abierto unas diligencias de investigación contra dos directoras de tres residencias de mayores de la provincia de Sevilla.