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Frente a las bondades que pregona el Gobierno sobre la libertad horaria en el comercio, los perjuicios de los que alerta la Junta en el sector. La medida propuesta por el Ejecutivo central para reactivar la economía aprovechando el atractivo turístico de las grandes ciudades entra también en la batalla política y ya hay dos comunidades que se han opuesto claramente a ella.
La primera fue la Generalitat catalana, que el lunes anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional la liberalización en 14 ciudades, entre las que se incluye Barcelona. La segunda en pronunciarse en contra fue la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, advierte que esta decisión tendrá "un impacto negativo" sobre las pymes y el empleo.
Rodríguez defiende el modelo actual que se desarrolla en la comunidad andaluza, "consensuado con todos los agentes del sector", ya que "permite el equilibrio entre todos los formatos". En este sentido, el consejero de Turismo y Comercio hace hincapié en que la libertad horaria no aumentará el consumo, "sino que traslada las compras del comercio de proximidad a los grandes distribuidores". También recordó que ya hay municipios andaluces que cuentan con una declaración de zona de influencia turística en diversos periodos del año.
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