"Me han dejado en la indigencia"

El que fuera el rey del jamón en Sevilla, Juan Badía Valenzuela, recibe a este periódico en su casa, en la avenida principal de Gines. O al menos el domicilio en el que vive. Porque ni siquiera es suyo. La propiedad está en manos de los bancos y sobre ella pesa una orden de desahucio. Si no llega a un acuerdo, tendrá que marcharse en los próximos meses. Y él está inhabilitado para dirigir cualquier empresa. "Me han dejado en la indigencia", dice, y recuerda que ha trabajado durante más de 70 años. Empezó a la edad de seis años ayudando a su familia, en los ochenta abrió una charcutería en Tomares y con los años levantó un imperio del ibérico.

Jamones Badía llegó a vender hasta 200.000 piezas al año, entre jamones y paletas. Abrió una fábrica en Guijuelo, salones de boda, bodegones... Tuvo medio millar de trabajadores. Nada de eso queda ya. "Sólo tengo unos cuadros, unos muebles y unos perros", añade. En la entrada de su casa hay un viejo Mercedes. Tenía un Audi Q7 pero estaba a nombre de su empresa. La persona que gestionó sus bienes durante el concurso le otorgó su uso a un tercero. "Un señor utilizaba mi coche para sus desplazamientos personales. Empezaron a llegarme multas de varios sitios, entre ellas de Málaga. Le puse un detective privado y me corroboró que se saltaba todos los semáforos".

Tras salvar una primera crisis a mediados de la primera década del siglo XXI, Jamones Badía empezó a sufrir una caída de las ventas derivada de la crisis nacional que afectó a España unos años después. La sociedad terminó entrando en concurso de acreedores en el año 2016. Hoy Juan Badía ha decidido querellarse contra el administrador concursal que dirigió su compañía, Pedro M. C., al entender que lo que hizo fue liquidar la empresa, malvender sus bienes y cometer una serie de irregularidades en ese proceso.

En la querella, interpuesta por el abogado Ricardo Corzo, que representa a Badía, se aportan datos que podrían ser constitutivos de varios delitos, entre los que destacan administración desleal, estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes. El letrado también considera que el administrador concursal pudo incurrir en los delitos de cohecho y malversación, "al asimilarse su actuación a la de un funcionario público". La querella llega tras una investigación del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, que tomó declaración como investigado al administrador.

El juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha abierto una investigación sobre el caso. Juan Badía está citado el próximo día 21 de marzo para ratificar su denuncia, mientras que el administrador tendrá que comparecer como investigado el día 3 de abril. El administrador se ha personado también en la causa. Este periódico ha intentado en varias ocasiones contactar con él y con el bufete del que forma parte para ofrecer su versión de los hechos, sin que haya sido posible obtenerla.

En la querella, a la que ha tenido acceso este periódico, se detallan una serie de hechos que motivan la investigación judicial. Uno de ellos es la venta de una finca en el polígono Store que se pactó en 1.050.000 euros pero de los que sólo consta que se hayan pagado 650.000. Otro es el incremento de la deuda de la empresa en 1,4 millones de euros. La compañía, en una especie de "huida hacia delante" según la querella, siguió generando una enorme carga social, al mantener el administrador a la plantilla sin hacer ningún tipo de ajuste a pesar de que apenas se desarrollaba ya actividad.

"Había que echar a 40 personas para que se pudieran quedar 80", apunta Badía. "Yo se lo decía, pero él no me echaba cuenta porque buscaba la destrucción de la empresa. Le hizo un agujero de dos millones de euros. Vino a salvarla y le echó más ruina encima", se lamenta el empresario, que se considera engañado por el administrador concursal y asegura que aceptó su inhabilitación para que no perjudicaran a su familia. "Metieron a mi familia por medio, incluso a mi ex mujer".

Otra de las cuestiones que Badía pide que se investiguen es el arrendamiento de unos bodegones que tenía la empresa, que generaron una deuda añadida de casi un millón de euros. El arrendador incumplió su parte del contrato, no pagó un solo euro por el alquiler de los locales y además tuvo que ser indemnizado en 300.000 euros por un "supuesto vencimiento anticipado de los contratos incumplidos". A ello se le une un lucro cesante de 668.562,44 euros.

"Los bodegones se los dieron a un desalmado, que no pagó luz ni agua ni nada, y ahora no podía echarlo de allí por contrato. Para echarlo tuvo que comprometerse a pagarle 300.000 euros. Lejos de coger dinero del arrendamiento, lo que hace es que la empresa termina pagando más dinero por una indemnización. Fue un auténtico despilfarro", comenta el empresario.

El asunto del uso del vehículo de Juan Badía también está incluido en la querella, en la que se aporta un informe de un detective privado que constata que el coche lo utilizara un tercero a su antojo al menos hasta el 8 de enero de 2019. "Lo usaba como transporte personal y de mercancía, careciendo de seguro obligatorio y con la ITV caducada", reza la denuncia, que apunta a la "responsabilidad directa" del administrador concursal, que puede concluir una sanción de hasta 3.005 euros de multa y el depósito o precinto público o domiciliario del vehículo con cargo a su propietario.

El abogado de Badía ha solicitado una serie de pruebas, entre ellas las dos declaraciones del denunciante y el denunciado, que ya están acordadas por el juzgado. También pide la testifical del empresario de la competencia que compró varios inmuebles a la sociedad y un exhorto al juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, que llevó el concurso, para que se pueda recabar testimonio de este y "poder observar y comprobar su tramitación y todas sus piezas".

Badía lamenta tener que haber llegado hasta extremo y asegura que, si a él se le hubiera dado una salida digna, nunca habría dado el paso de querellarse contra el administrador concursal que gestionó su empresa. Lo hace porque se ve en la ruina a una edad en la que le resulta difícil volver a empezar. "Estoy citado a declarar cuatro días después de que cumpla 77 años".

"La querella es como consecuencia de que este señor ha estado siempre en contra de la empresa , intentando destruirla. Todo lo que se ha hecho desde el principio era eliminarme a mí para que ellos pudieran hacer y deshacer. Han hecho de todo, con falsedades, metiendo a mi familia entera para inhabilitarme", explica Badía.

El empresario jamonero se queja especialmente del ninguneo sufrido durante el concurso. "Lo primero que hizo el administrador fue quitarme a mí. No quería hablar conmigo para nada. Yo era el alma mater de la empresa, tendría que haber estado como asesor. De hecho, quiso explotar la marca Badía, que la creé yo, y nadie se la compró. Porque la gente sabe que si no está Badía, esa marca no vale nada", explica, en referencia a la subasta en la que salió la marca a la venta por 96.000 euros, que quedó desierta.

"Pero a mí no me recibía. Es más, lo que hacía era mandarme amenazas por WhatsApp cuando yo le escribía. No me quería ver. Lo intenté muchas veces pero era imposible. Incluso fui a un notario porque tenía registradas todas las veces que había intentado reunirme con él sin éxito. Recuerdo que en una Feria, un lunes del pescaíto, me lo encontré a la una y media de la madrugada. Le dije que me recibiera, que si quería, yo me ponía de rodillas. Me respondió que el jueves me recibía. Y todavía lo estoy esperando", añade el denunciante. "No creo que merezca eso, yo siempre he intentado ayudar a todo el mundo".

Juan Badía admite que fue una mala gestión la que llevó la empresa a la quiebra, unida a la crisis nacional que azotó al país desde 2008. "Me rodeé de gente que no estaba preparada. Tuve malos asesores. Yo no me daba cuenta porque estaba fuera, comprando y vendiendo. No me enteraba de lo que pasaba porque estaba yendo a los mataderos, viendo lo que compraba y asegurándome de que no me engañaran y que lo que traía era de calidad. Y yo para eso tenía un don especial", afirma. "Por eso he sido el líder del sector, porque vendía la máxima calidad con los mejores precios. Lo mío era eso. Yo ganaba el dinero muy fácil, porque soy un comerciante que veía las cosas de lejos, pero las personas a las que pagué para que defendieran la empresa no lo hicieron".

Hoy, el que fuera el rey del jamón vive en su casa de Gines de lunes a viernes y pasa los fines de semana en un barco atracado en la costa de Huelva, que también le fue embargado. "Pero un amigo mío que estaba fuerte con el banco lo negoció y lo compró a buen precio. Y me dio las llaves. Ahí tienes tu barco, haz lo que quieras con él. Por suerte conservo buenos amigos. A veces pesco desde el pantalán, pues el barco no sale a navegar".

El abogado de Badía, Ricardo Corzo, explica que sobre el administrador investigado pesan otros pleitos por gestiones similares en otras sociedades, como la que explotaba el hipódromo de Dos Hermanas. Esa causa está estancada en los juzgados desde hace años. En el caso de Badía, el administrador explicaba en su plan de liquidación que la marca había sido desligada de la empresa por un hijo del empresario y entonces gerente de la sociedad, antes de que ésta entrara en concurso.

En ese informe, el administrador exponía que Badía seguía cogestionando sus empresas porque el concurso era voluntario y no forzado por ningún acreedor. Apuntaba que la deuda del grupo era superior a la señalada inicialmente porque habían sido contraídas por otras sociedades filiales cuando en realidad correspondían a la matriz de Jamones Badía. El importe de estas deudas era de unos 4,5 millones de euros, si bien sobre la empresa pesaba otra deuda mayor de 28 millones con los bancos.