Investigan otra comisión de 300.000 euros en Mercasevilla
Operación Madeja
Los agentes sospechan que Castaño pudo percibir esta cantidad al intervenir en la venta de los suelos.
La Guardia Civil y la juez Mercedes Alaya no sólo creen que el ex asesor de Monteseirín pudo recibir sobornos de la empresas que contrataron con el Ayuntamiento durante su etapa al frente de Vía Pública, sino que incluso podría haberse hecho supuestamente con una comisión de 300.000 euros vinculada a la operación de la venta de los suelos de Mercasevilla, que investiga la juez desde hace varios años.
El abogado de Castaño, José Manuel García-Quílez, salió ayer al paso de las informaciones que apuntaban al cobro de esa comisión ilícita, al afirmar que esas aseveraciones son "absolutamente falsas" y al mismo tiempo defendió la "transparencia" de la gestión de Castaño en Vía Pública.
La juez Alaya reactivó recientemente el sumario por la venta de los suelos con nuevas imputaciones, entre ellas las de dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, dado que habían realizado una oferta para la adquisición del derecho de opción de compra de la totalidad de los terrenos de Mercasevilla. A este concurso público concurrieron un total de ocho sociedades: Sanma Desarrollos Urbanísticos, Landscape Espais Promocions, Noga, Prasa, Realia Business, sociedad azucarera Larios, Edamar y Construcciones Juan de Robles. El concurso lo ganó Sanma, que realizó una oferta de 106 millones de euros y que era inferior a la que hizo Noga, que ofreció 158 millones.
Sanma se hizo con el concurso porque, según afirmó la instructora en resoluciones anteriores, se introdujeron dos cláusulas que penalizaban, de un lado, aquellas ofertas que superaran en un 10% la media aritmética de las ofertas presentadas -una cláusula que la juez califica de "antieconómica y contraria al interés general" y que no está contemplada en la ley ni en el reglamento de contratos del Estado-; y de otra parte, primaban la titularidad previa de cualquier derecho sobre los terrenos, lo que también favorecía a Sando.
En junio pasado la juez Alaya imputó a siete empresarios, unas nuevas implicaciones que se produjeron porque, según Alaya, de los indicios de la causa se deduce no sólo el "posible concierto" entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación de los terrenos, sino también un "idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por la entidad Sanma", filial de Sando.