Interior actualiza el plan antiterrorista a mes y medio de la Semana Santa

El Gobierno adapta la respuesta policial ante posibles ataques yihadistas cometidos por lobos solitarios

El nuevo dispositivo busca una mayor coordinación, con la creación de centros de crisis territoriales en caso de atentado

Una pequeña célula autorradicalizada preparó un atentado durante la Semana Santa de 2019

Dos policías nacionales dialogan durante la operación antiyihadista desarrollada en Sevilla el Miércoles Santo de 2019.
Dos policías nacionales dialogan durante la operación antiyihadista desarrollada en Sevilla el Miércoles Santo de 2019. / Antonio Pizarro

El Ministerio del Interior ha actualizado el plan antiterrorista cuando falta apenas un mes y medio para la celebración de la Semana Santa, que este año apunta con casi toda certeza a que contará con procesiones en las calles de Sevilla. Durante la última edición en la que salieron cofradías, la Policía Nacional desarrolló una operación antiyihadista en el barrio de Su Eminencia, donde se registró la vivienda de Zouhair El Bouhdidi, hijo del imán de la mezquita del barrio, que había sido detenido unos días antes en Marruecos.

Aquella operación tuvo lugar a primera hora de la tarde del Miércoles Santo de 2019, después de que el joven confesara a la Policía marroquí que tenía intención de atentar durante la Semana Santa de Sevilla. Días después, ya pasado el Domingo de Resurrección, fue detenido otro joven marroquí, Salah Eddine Taiebi, compañero de estudios del primer detenido, en el piso en el que residía con su familia en Sevilla Este.

Una de las cuestiones que pretende mejorar el nuevo plan antiterrorista es la respuesta ante un posible atentado, para conseguir una vuelta a la normalidad lo antes posible, así como prevenir acciones de lobos solitarios y pequeñas células formadas por dos o tres personas, que es el tipo de ataque que se está dando con más frecuencia en Europa en los últimos años.

El pasado lunes, Interior aprobó el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (PPPyRA), una estrategia que actualiza el plan antiterrorista aprobado en 2005. Este dispositivo se revisó en 2009 y en 2015. Ahora, el nuevo plan incorpora la directrices de la Estrategia contra el Terrorismo de la UE, revisada en 2017; de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, de 2019; y de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2021 en relación al fenómeno de la radicalización de tipo yihadista.

Policías nacionales de servicio durante la Madrugada de 2019.
Policías nacionales de servicio durante la Madrugada de 2019. / Julio Muñoz / EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó de las líneas maestras del plan a los grupos parlamentarios en una reunión mantenida el pasado lunes en la sede del Ministerio. En ese encuentro, Marlaska trasladó a los portavoces de los distintos grupos que "la lucha contra todo tipo de terrorismo y extremismos violentos requiere de la unidad política y social". "Nuestra experiencia nos enseña que el consenso político y social tejido en torno a las sucesivas actualizaciones del plan antiterrorista es una de las más sólidas fortalezas de nuestra estrategia", insistió el ministro.

Marlaska explicó que el diseño del nuevo plan se adapta al riesgo que entrañan los modernos procesos de radicalización hacia diferentes tipos de extremismos violentos, en particular los de carácter yihadista, cuya principal expresión son las acciones violentas protagonizadas por los llamados actores solitarios y por grupos o células autorradicalizadas.

Es en este último apartado donde encajaría el perfil de los dos detenidos en 2019. En la sentencia que condenó al segundo de ellos, el único detenido en España, la Audiencia Nacional expone que el arrestado en Marruecos ejercía sobre él una "influencia decisiva", que le llevó a "un proceso de creciente radicalización y adhesión a los postulados del Daesh, con la subsiguiente realización de actos de formación doctrinal e ideológica y autocapacitación con el propósito de cometer una acción terrorista en la ciudad de Sevilla; en cuya preparación colaboró".

Policías nacionales, en la salida del Beso de Judas el Lunes Santo de 2019.
Policías nacionales, en la salida del Beso de Judas el Lunes Santo de 2019. / José Ángel García

La sentencia, de noviembre de 2021, señala que el joven "no sólo asumía su adscripción ideológica a Daesh, sino que se manifestó como actor terrorista al servicio de dicha organización, dando inicio a actos materiales directamente destinados a la preparación de un inminente atentado terrorista en la ciudad de Sevilla, en la Semana Santa de 2019, para lo cual se formaba en la fabricación y manejo de explosivos".

En el registro de su vivienda se le encontraron fotografías y vídeos "que mostrarían localizaciones para potenciales objetivos de acciones terroristas en Sevilla, centradas en celebraciones religiosas y medios de transporte, como una de las vías del tranvía con gran cantidad de personas paseando, la zona de atracciones de la Feria o imágenes de agentes policiales".

A estos dos arrestos hay que unir otro más, llevado a cabo en diciembre de 2021, en la calle San Blas, en el centro de Sevilla. La Guardia Civil detuvo en un piso de número 1 de esta vía a un ciudadano pakistaní que lanzaba mensajes yihadistas en las redes sociales. Entre otras cuestiones, se jactaba de la reconquista talibán en Afganistán y alababa la acción de un lobo solitario, Zaher Hassan, que protagonizó un atentado terrorista en septiembre de 2020, atacando a dos personas con arma blanca en Francia, creyendo que eran trabajadores de la revista Charlie Hebdo.

Dice Interior que esta realidad, la de los actores solitarios y pequeñas células autorradicalizadas, "aconseja revisar las medidas contempladas en los anteriores planes antiterroristas para orientarlas de manera más eficiente a la detección y anticipación frente a este tipo de acciones, así como para articular una respuesta coordinada y eficaz en los casos de atentados.

La Guardia Civil, en el bloque de la calle San Blas en el que se produjo la detención de un yihadista el pasado diciembre.
La Guardia Civil, en el bloque de la calle San Blas en el que se produjo la detención de un yihadista el pasado diciembre. / DGGC

El nuevo plan mantiene los cinco niveles actuales de riesgo, en el que el 1 es riesgo bajo y el 5 muy alto, pero articula una nueva "respuesta operativa coordinada, integral y proporcionada a los riesgos derivados de la amenaza terrorista, mediante el refuerzo de la coordinación policial y con otros centros sectoriales y entidades con competencias en seguridad". España actualmente en un nivel 4, que supone un riesgo alto de sufrir un atentado.

El programa tiene cinco objetivos. El primero de ellos es la prevención, para lo que impulsa acciones preventivas destinadas a detectar, seguir y desactivar el fenómeno terrorista en su origen, para dificultar la aparición y proliferación de procesos de radicalización.

El segundo es la protección, mediante el refuerzo de los dispositivos de seguridad, para reducir posibles vulnerabilidades y minimizar las oportunidades de cometer ataques. El plan dedica esfuerzos a preservar objetivos sensibles como instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información, sobre los que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales, así como centros y organismos públicos u oficiales y cualesquiera otros, cuya destrucción, ataque o degradación suponga un daño importante.

Es de esperar, por tanto, que durante la próxima Semana Santa, e incluso en los días previos, se vuelvan a montar controles antiterroristas en Sevilla, como ocurrió durante los últimos años antes de la pandemia. Algunos de estos servicios consistían en la instalación de barreras móviles y patrullas antiterroristas de reacción (PAR), formadas por tres agentes, uno equipado con un arma larga, otro con un escudo balístico y el tercero con un equipo de transmisiones.

Patrulla antiterrorista en la avenida de la Constitución.
Patrulla antiterrorista en la avenida de la Constitución. / Belén Vargas

Estas patrullas suele llevarlas a cabo la Unidad de Intervención Policial (UIP) y se suelen colocar en grandes avenidas al paso de las cofradías de los barrios, pues podrían ser éstos los puntos más vulnerables ante un posible ataque con vehículo, como el ocurrido en las Ramblas de Barcelona en agosto de 2017 o en Niza en julio de 2016.

El siguiente fin es la persecución de las organizaciones terroristas. El plan desarrolla las capacidades policiales de análisis y valoración del riesgo, así como las de dirección y coordinación, para aprovechar mejor la labor de inteligencia que realizan las Fuerzas de Seguridad en sus respectivos ámbitos de actuación. El último objetivo es la respuesta a los ataques, mediante una serie de procedimientos operativos de coordinación que minimicen sus consecuencias y favorezcan el restablecimiento de la normalidad.

Dice Interior que es en el ámbito de la respuesta tras un ataque o la comisión de un atentado terrorista en el que se centran las principales modificaciones del nuevo plan, que diseña nuevos procedimientos para identificar, localizar y capturar a los autores, así como para favorecer una pronta recuperación y vuelta a la normalidad ciudadana e institucional.

Control policial en la portada de la Feria en los días previos a la fiesta, en 2018.
Control policial en la portada de la Feria en los días previos a la fiesta, en 2018. / Belén Vargas

El plan prevé que, en los supuestos de atentado terrorista en España, o en el extranjero si son contra personas o intereses nacionales, se reunirán de inmediato una mesa de coordinación y otra de evaluación de la amenaza. La principal novedad es que esta mesa de coordinación tendrá un carácter reforzado para que pueda coordinar la ejecución y el desarrollo de los planes de respuesta sectorial antiterrorista, movilizar los recursos de cada cuerpo policial o institución participante en el plan y activar los servicios de asistencia a las posibles víctimas e identificación de las personas afectadas.

Dicha mesa estará integrada por la Secretaría de Estado de Seguridad y su Dirección General de Coordinación y Estudios, la Policía Nacional, la Guardia Civil (y las policías autonómicas en el caso de que el ataque se produzca en algún territorio con las competencias de seguridad ciudadana transferidas, en una decisión que ha causado cierta polémica), el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la de Relaciones Internacionales y Extranjería, la de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y las unidades o servicios de coordinación de crisis de los que dependan infraestructuras de transporte o de naturaleza cuando se considere conveniente.

En caso de atentado, se constituirá un Centro de Gestión de Crisis Territorial hasta que se produzca la localización y detención de los autores y la reducción del riesgo provocado por la acción terrorista. Estos centros territoriales garantizarán la actuación conjunta, cohesionada y coordinada de la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios de protección civil y las entidades asistenciales, en colaboración siempre con la administración autonómica y local correspondiente. En estos centros territoriales se integrará también la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo para garantizar la asistencia integral a las víctimas.

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