Ingenieros y arquitectos reclaman inversiones en infraestructuras para Andalucía

"La inversión pública en el territorio y ciudades de Andalucía no admite más demoras ni replanificaciones que sólo gastan papel, tiempo y saliva, pero que no inyectan fondos para corregir el retraso histórico y el abandono de la última década". En una muestra de confluencia y desde una postura de crítica constructiva, los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y los Arquitectos de Andalucía, que agrupan a 11.000 profesionales, han marcado un hito histórico sin precedentes uniéndose para trabajar en común por el futuro de Andalucía. Esta coalición se ha escenificado hoy en una rueda de prensa conjunta de la presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa), Noemí Sanchís Morales y del Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Ciccp, Luis Moral Ordóñez, ambos elegidos este 2018 para ponerse al frente de sus respectivas corporaciones y que inician con este emblemático símbolo su andadura.

En sus intervenciones, ambos representantes han hecho hincapié en que la situación de las infraestructuras, la movilidad urbana, los equipamientos y la vivienda en Andalucía es “especialmente grave” tras años de dejadez y una fuerte caída de más del 70% de la inversión pública. Esta carencia que ha provocado también la desaparición de decenas de empresas, la emigración de numerosos profesionales y el incremento desorbitado de los índices de paro en el sector. El olvido de la obra nueva, sumado al escaso mantenimiento de las infraestructuras construidas, nos ha dejado un territorio en retroceso en el que se ha deteriorado exponencialmente la calidad de vida de los ciudadanos. Las administraciones han incumplido incluso el decreto europeo para lograr el vertido cero, para lo que se comprometieron una serie de actuaciones que quedaron en papel mojado pese al haber recaudado más de 700 millones vía canon a los usuarios para su construcción, y por lo que ahora nos llueven las multas de la Unión Europea.

Los arquitectos e ingenieros de caminos han apostado por la planificación consensuada de inversiones de todas las administraciones públicas a medio y largo plazo que atiendan las demandas latentes de la ciudadanía. Han reclamado una “política activa y eficiente que piense en el bien general y vaya por delante de las necesidades de la sociedad”. Se ponen al servicio de las administraciones regionales, provinciales y locales para trabajar y proyectar hoy, desde una mirada técnica y sin tintes políticos, por nuestras ciudades y territorios de mañana.

“En este sentido, para impulsar los procesos de transformación de nuestras ciudades, es fundamental la recuperación del parque edificatorio y residencial, de nuestro espacio público y patrimonio arquitectónico, así como la mejora de nuestros transportes e infraestructuras y la creación de empleo. Es significativo que la comunicación entre ciudades como Granada y Sevilla o Málaga y Sevilla sea bastante precaria o inexistente, siendo tres de los destinos turísticos internacionales más importantes de Andalucía y de toda España, y que los niveles de renta per cápita en muchas de las ciudades andaluzas sean de los menores del país". Según han expuesto esto requiere un análisis urgente de consecución de las inversiones previstas en los Pista (Plan de Infraestructura para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía) y previsión de necesidades en materia de infraestructuras, con especial hincapié en las provincias más desfavorecidas en infraestructuras de transporte fundamentales en especial las provincias menores y más excéntricamente ubicadas.

"Nuestras ciudades no pueden considerarse entes aislados, puesto que el sistema tiene fuertes desequilibrios y debilidades. No puede dilatarse más la articulación territorial andaluza: analizar y reforzar la calidad y capacidad, frecuencia y conectividad de nuestro sistema ferroviario, portuario y de carreteras, es imprescindible para que nuestra comunidad sea competitiva y se posicione al nivel de otras regiones de España que con menor potencial y riqueza, pero mejor gestión, se han puesto a la cabeza de la economía y el desarrollo sociocultural español. No se puede promover la competitividad del tejido socioeconómico basado en la digitalización local, sin un adecuado y suficiente sistema de transporte, urbano e interurbano, local, autonómico, nacional e internacional, y sin una planificación y compromiso real en el tiempo".

Los representantes de estos colectivos han asegurado que hay que revisar el grado de tramitación y desarrollo de los Planes Territoriales Andaluces, con especial hincapié en las áreas metropolitanas que aún no han desarrollado dichas figuras. Por otra parte, no puede obviarse el estado del litoral andaluz, la dinámica de litorales y los daños a la costa que requieren estudios intersectoriales e intervenciones precisos. Asimismo, la recuperación para las ciudades de los espacios portuarios obsoletos con una adecuada participación pública y regulación normativa es igualmente urgente, "puesto que se trata de grandes áreas de oportunidad, catalizadores y potenciales impulsores de las ciudades y nuevos modelos de desarrollo, así como de espacios para la memoria y la identidad de los pueblos, que habitualmente constituyen espacios degradados, abandonados, fronteras naturales al crecimiento y desarrollo de las ciudades, por esa falta de visión y previsión del carácter dinámico de la economía y el territorio.”

Ciccp y Cacoa han exigido una “vuelta al prestigio pasado y al valor de la formación en los puestos de competencias técnicas, porque aporta seguridad a la sociedad, al gobierno y a los propios profesionales”. Asimismo, han advertido del recorte en los últimos años de la oferta pública de empleo para arquitectos e ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la omisión en la cobertura de las plazas vacantes por jubilación. “Pasada la crisis, llega el momento de restablecer el equilibrio, por lo que solicitamos a las administraciones un esfuerzo para ofertar y cubrir las plazas de nuestras competencias”.

Por último, han pedido a los responsables políticos una mejora en todos los procesos constructivos en nuestro territorio, como la redacción de proyectos y de pliegos, y que se garantice la calidad y la seguridad de la obra pública en las licitaciones de las administraciones bajo esos criterios, cumpliendo así la ley de contratos y reduciendo riesgos y costes imprevistos por adjudicaciones a precios irreales, que sólo responden a la situación de extrema necesidad en la que se encuentran demasiadas empresas y profesionales pero que no aseguran las garantías de calidad y seguridad que requieren intervenciones de este tipo.