Sevillanos multados con 60.001 euros por saltarse el decreto covid en Baleares: "No fueron a ningún botellón, la multa es una atrocidad"

114 personas se enfrentan a una multa de 6,8 millones de euros ya que cada uno podría tener que pagar 60.001 euros de sanción. Estos acudieron a una fiesta en Palma de Mallorca en agosto de 2021, en plena pandemia cuando todavía había restricciones a las reuniones sociales y en cuanto a los aforos. Por otra parte otro grupo de jóvenes se enfrenta a una sanción similar por unos hechos ocurridos en una playa de Formentera, por presuntamente participar en un botellón.

Entre ellos se encuentran tres jóvenes de Sevilla, que han visto como un año y dos meses después de ser identificadas en una playa, han recibido una sanción "injusta y desorbitada", según explica Íñigo González Coronel, el padre de una de las afectadas, una joven de 27 años. Indica que la sanción propuesta es "una atrocidad", más aún, cuando su hija y dos acompañantes más "ni siquiera habían participado en el botellón".

En este sentido el progenitor explica que su hija estaba en un chiringuito llamado Beso en la isla de Formentera y cuando terminaron de cenar, sobre las 20:30 "salieron a hacer una foto de la puesta del sol a la playa". Su sorpresa fue cuando el grupo de jóvenes, según relata González Coronel, llegó de nuevo al chiringuito para volver a entrar al mismo: "la Policía Local estaba controlando el paso de gente en un botellón de la playa, y sin preguntar dieron por hecho que venían del botellón y les pidieron los carnés de identidad expresando que era un control informativo".

Las jóvenes se habrían identificado y tras esto, abandonaron el lugar. González Coronel muestra su indignación con lo que considera un hecho "atroz", ya que los hechos ocurrieron en julio de 2021 y la notificación de la sanción por incumplir la normativa covid vigente en la comunidad balear les ha llegado el 11 de octubre de 2021, justo un año y dos meses después de los hechos.

Denuncia además que "las denuncias son genéricas y están redactadas de la misma manera". En el mismo sentido se queja de que en la relación de la denuncia aparece que su hija y sus acompañantes "se negaron a darle la documentación". "Es absurdo, ya que les ha llegado la notificación a sus domicilios". Esgrime además que las denuncias "no se redactaron in situ en ningún caso", y añade además que tampoco es cierto que "se negaran a firmar la denuncia", ya que "ni siquiera la redactaron", insiste.

Denuncia además un hecho destacable, que la propia presidenta de la comunidad balear, Francina Armengol, "se saltara las restricciones hasta en dos ocasiones y no pasara nada".

González Coronel ha perdido la confianza en la vía administrativa: "Existe la posibilidad de pagar un 40 por ciento menos, 36.000 euros, si admites la culpabilidad". Por ello lo han confiado todo a la vía contencioso-administrativa: "Lo hemos puesto todo en manos de un prestigioso despacho de abogados en las Baleares".

Tiene puestas esperanzas además en la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad, presentado por Vox, que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en relación al Decreto-Ley 5/2021 que modificaba, por aquel entonces, la Ley de Salud Pública de Baleares.

Armengol defiende la cantidad

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, defendió, que "las normas se deben cumplir" en referencia a la propuesta de sanción del Ejecutivo balear para quienes participaron en una fiesta ilegal en agosto de 2021 en Palma.

Entonces, la Policía Local de Palma fue alertada de una fiesta en un chalé en Son Vida, en Palma, destinado a alquiler vacacional. A su llegada alrededor de las 03:30 horas se encontraron con 114 participantes en una fiesta con música a todo volumen. También se dispusieron diferentes sanciones en islas como Formentera.

Tras una rueda de prensa por las ayudas a universitarios, Armengol recordó que, en su momento", se explicaron las restricciones durante la COVID y las sanciones que conllevaba no cumplirlas. "Debemos pensar que estamos hablando de salud pública y de proteger la salud de todos".

Con todo, ha subrayado que las sanciones "se sabían perfectamente porque las marcaba la norma, que era pública y notoria”. "Las normas están para cumplirlas porque vivimos en un estado de derecho".