Imputado Francisco Fernández por contrataciones 'a dedo' entre 2006 y 2007
El actual edil de Movilidad habría contratado de forma ilegal al Grupo Iturri la compra de equipamiento para el cuerpo de bomberos, cuando ostentaba el área de Seguridad Ciudadana.
El Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla ha pedido al Ayuntamiento hispalense que certifique la identidad del concejal que ostentó el área de Seguridad Ciudadana entre 2006 y 2007 al objeto de que le sea tomada declaración, en calidad de imputado, en las diligencias incoadas a cuenta de la denuncia promovida por la Fiscalía ante el reconocimiento extrajudicial de créditos mediante el que el Consistorio adquirió, al Grupo Iturri, diversos materiales y equipamientos con destino al cuerpo de bomberos por valor de 644.485 euros. La adquisición de los equipos, según la denuncia del fiscal, no se atuvo "en absoluto" a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y podría constituir un delito de prevaricación.
En concreto, se trata de una providencia librada por el juez Francisco de Asís Molina el 14 de marzo. La providencia, como adelantaba la edición sevillana de El Mundo, responde a la comparecencia en calidad de imputado del jefe del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento hispalense, José María Casar, y reclama al Consistorio que "se identifique la identidad del concejal delegado de Seguridad Ciudadana durante las anualidades de 2006 y 2007", al objeto de que sea "recibida declaración en calidad de imputado" en una fecha aún por resolver.
El actual concejal de Movilidad y por entonces edil de Gobernación, Francisco Fernández, ha señalado a tal efecto, en declaraciones a los medios de comunicación, que "no tengo constancia de que haya sido convocado formal y oficialmente". En ese sentido, ha preferido "esperar a conocer de qué se me puede estar acusando", toda vez que en aquellos años el servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento estaba adscrito a su departamento.
En su denuncia, la Fiscalía rememora que antes del 15 de mayo de 2007, el Ayuntamiento hispalense adquirió diversos materiales y equipamientos para ocho vehículos adscritos al servicio municipal de Salvamento y Extinción de Incendios merced a los designios del jefe de dicho servicio por aquel entonces, quien no obstante, ha señalado ante el juez que en aquel momento estaba sometido a una baja laboral y sus competencias quedaban a expensas de Francisco Fernández, entre otras personas.
"Ninguna resolución previa"
La citada denuncia insiste en que para la contratación de estos equipamientos al Grupo Iturri "no existió resolución previa del Ayuntamiento ni se realizaron pliegos de condiciones, ni se ofertaron públicamente ni se solicitó presupuestos a otras empresas que podrían haber tenido voluntad de competir para ser las proveedoras", toda vez que un informe posterior de la Intervención General del Ayuntamiento ponía de relieve "posibles irregularidades" en esta contratación dada la "absoluta inobservancia de las formalidades" obligadas en las contrataciones de esta naturaleza, lo que lleva al Ministerio Público a atisbar un posible delito de prevaricación.
Esta denuncia, como se recordará, deriva de la documentación elevada a la Fiscalía por el Sindicato Profesional de Bomberos (SPB), que incluía precisamente un informe de la propia Intervención del Consistorio hispalense en cuanto a este reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 644.485 euros para la adquisición de equipamiento para vehículos del servicio municipal de Salvamento y Extinción de Incendios. Señala el documento de la Intervención que "se procedió" al suministro de tales equipamientos por un importe de 644.485 euros y fue "presentada la correspondiente factura, sin más trámite".
El informe de la Intervención, así, advierte de que "el reconocimiento extrajudicial de créditos no supone una convalidación de los vicios que, en origen, tuvo el procedimiento de gasto", porque "un informe favorable sólo supone que queda acreditado, mediante documentación suficiente, el enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento al aprovecharse de una obra, servicio o suministro sin que se realizara la debida contraprestación". Igualmente, el informe de la Intervención advierte de que las facturas evacuadas por Iturri S.A. "no contienen la descripción del material suministrado, por lo que para proceder a su pago, deberá incorporarse al expediente la especificación del suministro efectuado".
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