Ikea-El Prado: parecidos razonables

QUÉ ocurriría si el proyecto inmobiliario que la multinacional Ikea quiere hacer en Sevilla tuviera al final el mismo devenir que la famosa biblioteca universitaria del Prado de San Sebastián? ¿Se ha hecho alguien la pregunta antes de afirmar que cambiar el Plan General de Ordenación Urbana es la solución? La biblioteca del Prado de San Sebastián, diseñada por la arquitecta Zaha Hadid, no podrá finalmente construirse porque una sentencia de Tribunal Supremo ha anulado definitivamente el marco urbanístico y legal que amparaba su construcción, que tenía las bendiciones de todas las administraciones e instituciones públicas. El actual alcalde, Juan Ignacio Zoido, fue de los pocos políticos que apoyó la denuncia de los vecinos que ha terminado liquidando el proyecto.

En el caso de Ikea, sin embargo, el regidor del PP ha asumido los planes de la compañía sueca en su integridad, sin entrar en matices: ha prometido sacar adelante una modificación del PGOU -un asunto técnicamente complejo y cuya aprobación depende de la Junta de Andalucía, no del Ayuntamiento- antes de finales de este mes y ha ignorado los informes de los propios técnicos municipales -funcionarios de la Gerencia de Urbanismo- que alertan de que el Plan Parcial presentado por los propietarios del suelo elegido (San Nicolás Oeste) no sólo no cumple con las exigencias del Plan General, sino que carece de un estudio de movilidad, tiene un dictamen negativo de Aviación Civil y no asume algunas de las obligaciones incluidas en la normativa urbanística. La más importante: no cumple con las cesiones legales de infraestructuras y equipamientos públicos ni tampoco,contempla ceder los aprovechamientos que establece la ley.

La tesis del nuevo gobierno local es de corte maximalista: si lo que estorba es el PGOU, se cambia el PGOU. Y asunto concluido. Más o menos lo mismo que en su día hizo su antecesor en el cargo -Monteseirín- para dar cobijo legal a la biblioteca del Prado. Una modificación puntual que situaba un equipamiento docente sobre una zona verde. En este caso la operación no tenía elemento crematístico alguno: se trataba de una inversión dotacional de la Universidad de Sevilla. En el caso de Ikea, por contra, el dinero está en el fondo de la discusión, ya que la compañía sueca lo que exige es una recalificación de 41.000 metros más de lo permitido (107.000 metros) no para abrir una tienda de muebles, sino para promover un gran parque comercial.

¿Puede alguien acudir a los tribunales si Zoido intenta cambiar el Plan General para favorecer a Ikea? Hasta ahora el único que ha dejado caer esta opción es el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que esta semana, al valorar dicha operación urbanística, aseguró que aunque su intención no es judicializar la vida municipal no dudará en ir a los tribunales si no se respeta la legalidad. Los comerciantes sevillanos -al menos sus representantes oficiales- están por ahora callados, aunque el presidente de la patronal andaluza salió ayer en persona a defender la operación de la multinacional sueca.

VICTORIA JUDICIAL

La cuestión es que esta hipótesis -que la recalificación de Ikea termine siendo dirimida en los juzgados- ya ha sucedido. Aunque en Valladolid. El resultado ha sido bastante similar al de la biblioteca del Prado: los denunciantes han ganado la batalla judicial a la multinacional (aunque la guerra no ha terminado del todo) contra todo pronóstico de los políticos.

La operación presenta llamativas similitudes con el caso de Sevilla. Inter Ikea Centre Group -la división inmobiliaria de la compañía, que se dedica a los negocios inmobiliarios en los suelos donde la tienda de muebles sueca hace la función de locomotora- negoció con el ayuntamiento de Arroyo de Encomienda (Valladolid) y la Junta de Castilla y León una recalificación urbanística a su favor merced a la cual disfrutaría de 97.000 metros cuadrados de techo para usos comerciales y un aparcamiento de 4.650 plazas. Las administraciones se plegaron a su exigencias y no dudaron en acometer "una modificación puntual" del Plan General para dar viabilidad a la operación.

La asociación de comerciantes, al contrario de lo que ha ocurrido en Sevilla, decidió iniciar un pleito.Y lo ganó en los tribunales. En octubre del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emitió una sentencia que dejó sin efecto legal la recalificación impulsada por las administraciones públicas, merced a la cual Ikea comenzó las obras del complejo comercial. El fallo judicial cogió el proyecto ya iniciado y, al no poder asumir los comerciantes el pago de las correspondientes medidas cautelares, no logró que se detuvieran las obras, aunque la cuestión de fondo todavía no se ha solventado. Las administraciones intentan ahora legalizar la operación a posteriori. Pero el problema de fondo es el mismo: ¿basta la voluntad personal de un gobernante con mayoría para saltarse el marco legal vigente? No. Si las cosas no se hacen técnicamente bien el problema generado puede ser superior a los beneficios que se persiguen.

La sentencia del tribunal vallisoletano es un perfecto aviso a navegantes para el actual gobierno municipal. ¿Por qué? Porque los jueces dan la razón a los comerciantes locales, opuestos al proyecto de la multinacional sueca, en su defensa de las directrices urbanísticas. En Valladolid, de hecho, el proyecto de Ikea es mucho más pequeño que el de Sevilla. Las autoridades no incrementaron la edificabilidad global de los suelos donde se asienta el parque comercial -en Sevilla se quiere hacer un centro comercial de 149.000 metros cuadrados; en Valladolid es de 62.000 metros sin contar la tienda de muebles- sino que trasladaron la edificabilidad de un solar a otro.El suelo, además, era de titularidad municipal -en Sevilla es de una gran inmobiliaria y de propietarios particulares-, estaba calificado como urbanizable -igual que aquí- y lo que se tramitó fue una modificación de los usos. Una recalificación. Las administraciones alegaron lo mismo que en Sevilla dice Zoido: "no es una revisión del PGOU, sino una modificación puntual". Los jueces concluyeron otra cosa: "si se tocan los sistemas generales, es una modificación del Plan General" y, como tal, requiere una tramitación especial y, lo que es más trascendente, una compensación en materia de dotaciones, además de tener que cumplir con las reservas legales previstas para los equipamientos.

Ikea llegó allí al extremo de patrimonializar como superficie comercial la totalidad de los 117.827 metros cuadrados asignados. ¿Dónde poner el parking? En un solar público procedente de los sistemas generales. Gratis y sin coste. Las autoridades dieron por buena la idea con el argumento de que se creaba empleo. Los jueces desestimaron tal justificación. La ley no admite excepciones.

Ikea, sin embargo, sí las reclama. Y en España, a pesar de las quejas de su consejero delegado, suele obtenerlas sin demasiados problemas. Fundamentalmente porque muchos alcaldes, huérfanos de grandes proyectos, intentan rentabilizar políticamente a su favor los de la multinacional sueca, aunque sea a costa de orillar la ley, como sucedió en Valladolid, o a un coste social considerable (la pérdida de equipamientos y dotaciones públicas). Si se repasa la listas de centros comerciales abiertos o en proyecto por Ikea en el mundo se verá que los complejos de mayor edificabilidad comercial -los potencialmente más rentables- son los españoles. Ni en Francia, ni en Austria ni en Suiza, mucho menos en Alemania, se han autorizado centros comerciales tan grandes como los españoles. Sólo en China, cuya normativa es, digámoslo así, singular dado su régimen político, son tan flexibles. Jerez es el modelo ideal: 187.000 metros cuadrados. Alicante: 122.000 metros. Sevilla puede ser el próximo ejemplo: 149.000. Si a nadie le da por acudir a los tribunales, claro.