Tribuna de Opinión
La decana de las grúas del Puerto de Sevilla
El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, José Manuel García, lamentó este domingo que el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido (PP), "demore injustificadamente" los informes de la Corrala Utopía para "tapar sus mentiras" tras "cruzar todas las líneas rojas" al "difamar y extender la sombra de la sospecha sobre las familias realojadas o pendientes de realojo".
El concejal de IU ha afirmado en un comunicado que el gobierno local está "inventando excusas" para "demorar injustificadamente" la actualización de los informes sociales, dando citas en algunos casos para finales de la semana próxima "para desesperación de las familias", una vez que "su estrategia de confundir adjudicación mediante baremo y realojo provisional de urgencia ha quedado ya desenmascarada".
"Con aquella apuesta por la confusión, el gobierno de Zoido pretendía enfrentar a demandantes de vivienda en adjudicación con familias en exclusión social y con menores en situación de emergencia", algo, para García, "absolutamente inmoral e inaceptable". "Han llegado a lanzar el bulo de que únicamente dos familias cumplían los requisitos, cuando lo cierto es que sólo habían baremado a esas dos", dijo el portavoz de IU, quien añadió que "ahora el alcalde vuelve de nuevo a la carga con otra de sus maniobras".
Por su parte, la concejal delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores de Pablo-Blanco, respondió pidiendo a IU a que explique en "qué informes se basaron para la entrega de llaves" a las familias de la Corrala Utopía, ya que ha considerado que "la única línea roja existente en este asunto la ha cruzado IU, que fue quien realojó a estas familias sin explicar qué criterios de selección y prioridad aplicaron". Según De Pablo-Blanco, "IU lo que quiere es borrar el origen de la situación creada con la patada en la puerta, cuando el derecho de realojo siempre requiere para su aplicación un origen legal" y añadió que "no se puede beneficiar a aquél que provoca la situación para obtener una vivienda protegida obviando la debida aplicación de la norma que contempla y regula esa entrega frente al resto de los ciudadanos", por lo que "ahora es IU la que tiene que explicar a los ciudadanos qué criterios objetivos y sobre qué informes se ha fundamentado para esa entrega de llaves".
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