IU propone una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre los contratos a Fitonovo

El coordinador local de IU-CA en Sevilla, José Manuel García, ha anunciado este jueves que su fuerza política propondrá crear una comisión de investigación en el Ayuntamiento hispalense, en torno a todos y cada uno de los contratos adjudicados a la empresa Fitonovo, cuyos directivos habrían repartido dádivas, regalos y comisiones a funcionarios y responsables institucionales, a cambio de la obtención de contratos públicos.

José Manuel García ha evaluado los efectos de la investigación que comanda la juez Mercedes Alaya en cuanto a los sobornos y comisiones de los que los directivos de Fitonovo se habrían servido para conseguir la adjudicación de contratos públicos, aspecto investigado a través de la operación Enredadera. Manifiesta que la federación de izquierdas está preparando un escrito para elevarlo al presidente del pleno del Ayuntamiento, el concejal popular Javier Landa, al objeto de crear "una comisión de investigación" en torno a todos y cada uno de los contratos adjudicados por el Consistorio hispalense a Fitnovo. "Desde el primero, al último", ha enfatizado García recordando "la gravedad de los hechos" investigados.

García ha explicado que la creación y desarrollo de esta comisión de investigación "no es incompatible" con la investigación judicial que dirige la juez Mercedes Alaya, ni tampoco tiene por qué "interferir" en la misma. Es más, ha propuesto que sus conclusiones sean remitidas a la juez para que Mercedes Alaya las examine.

Mientras el reglamento del Ayuntamiento estipula que las comisiones de investigación deben ser creadas por el propio pleno, conformadas por concejales y presididas por un edil designado por el alcalde, según este documento municipal, García llama a las fuerzas políticas del Consistorio a realizar "un ejercicio absoluto de responsabilidad", al objeto de conformar una comisión "útil y eficaz", centrada en el esclarecimiento de los hechos y no en la mera "batalla política". "Confío en la responsabilidad de los grupos políticos", ha dicho.

"Tiene que salir a la luz toda la verdad", enfatiza José Manuel García, quien asegura que IU-CA no tiene "nada que ocultar" y que del resultado de esta comisión de investigación deben ser "depuradas todas las responsabilidades del gobierno anterior y del actual". "Caiga quien caiga", ha aseverado concluyendo que la comisión debe servir también para crear instrumentos gracias a los cuales impedir redes como las desmanteladas a través de la operación Enredadera.

La operación Enredadera, derivada de la operación Madeja, que investigaba ya los contratos públicos adjudicados a la empresa Fitonovo, se saldó como es sabido con la detención de 32 personas en 13 provincias de España, motivando después sonadas imputaciones como las del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el ex concejal del PSOE Manuel Gómez Lobo o el propio José Manuel García, quien ha renunciado a su acta de concejal en el Ayuntamiento hispalense tras ser imputado por la juez a cuenta de su papel como ex delegado municipal de Deportes.

En la causa figuran también como imputados el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el ex concejal del PP Joaquín Peña; el ex asesor socialista Domingo Enrique Castaño; el ex jefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y diferentes directivos y empleados de Fitonovo.

En paralelo, uno de los empresarios de Fitonovo ha declarado ante la juez Alaya que el concejal del PP Gregorio Serrano pidió supuestamente a Fitonovo que instalase "gratis" un parque infantil en la comandancia de la Guardia Civil de Montequinto", en Dos Hermanas, y el funcionario municipal Francisco Amores, imputado en la causa, habría declarado que cuenta con documentación que podría afectar al propio alcalde, Juan Ignacio Zoido.