La Hispalense asumió un "alto riesgo" al renunciar a exigir la responsabilidad a Urbanismo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recordó ayer en el auto que ordena paralizar las obras de la Biblioteca Central que la Universidad de Sevilla tuvo una conducta imprudente, al haber renunciado a exigir posibles responsabilidades patrimoniales a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento en el supuesto de que la licencia concedida fuese revocada por la Justicia, como ha ocurrido ahora.

El auto dictado por el Alto Tribunal andaluz subraya que ese acuerdo, plasmado en un documento que la Universidad y la Gerencia de Urbanismo firmaron el 25 de junio de 2008, supuso para la institución académica "asumir un alto riesgo y abandono de intereses económicos, pues se abdicó la posibilidad jurídica de exigencia de responsabilidad patrimonial, con la finalida de consecución de la licencia urbanística".

El tribunal considera que al haber desatendido la indemnización por los posibles perjuicios económicos no resulta coherente que la Universidad de Sevilla utilice esta misma argumentación -los perjuicios económicos- para oponerse a la ejecución provisional de la sentencia, solicitada por los vecinos.

Los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo señalan que todos esos perjudicios debieron ser valorados previamente por la Universidad antes de iniciar las obras, sobre todo, porque fue la propia institución académica la que sugirió un cambio de ubicación de la Biblioteca Central y era consciente de que los vecinos habían acudido a los tribunales. "Los posibles perjuicios económicos, los altos costes de paralización minuciosamente calculados en un plazo de dos años, la supuesta pérdida de fondos públicos autonómicos y comunitarios y pérdida de puestos de trabajo que se argumentan debían de haberse tenido en cuenta y ponderado en cuanto al inicio de las obras de una actuación urbanística, cuyo cambio de ubicación respecto al documento de avance, se debió únicamente a la propia sugerencia de la Universidad y contra la que cosntaba la interposición de nueve recursos contencioso-administrativos", razona el auto.

La resolución añade que "la precaución y prudencia" que ahora exige la Universidad tenía que haberse contemplado por la propia institución antes de suscribir el documento por el que renunciaba a exigir cualquier responsabilidad patrimonial a la Gerencia de Urbanismo en el caso de que la Justicia modificara la interpretación favorable a la concesión de la licencia de la Biblioteca Central.

Los magistrados hacen hincapié en que la ejecución provisional de la resolución persigue "garantizar la eficacia futura de la sentencia, que en principio y sin perjuicio de la resolución de los recursos de casación, goza de la presunción de legalidad". Por ello, consideran que no puede fijarse una garantía o caución "en la desmesurada forma" que se pretende -más de seis millones de euros-, puesto que en este caso sería imposible la eficacia de dicha ejecución.

El tribunal también ha valorado, a la hora de adoptar la paralización de las obras, la repercusión de esta decisión que afecta a un proyecto arquitectónico de la talla del diseñado por la iraquí Zaha Hadid. "La Sala es consciente y guarda un profundo respeto al reconocido prestigio internacional de la persona autora del proyecto arquitectónico y considera que el mismo se protege con la paralización de la construcción, en espera de un pronunciamiento judicial superior", concluye el auto dictado por el TSJA.

El auto que paraliza las obras de la Biblioteca Central puede ser recurrido, en súplica, ante el mismo tribunal en un plazo de cinco días desde su notificación, pero tiene en principio pocas posiblidades de prosperar.