Guerrero acusa a Viera de ser quien "dirigía la política de ayudas" a empresas en crisis

El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de los ERE, decidió tirar de la manta en su última declaración ante la Guardia Civil, que tuvo lugar en Sevilla la noche del martes, y si con anterioridad dijo haber recibido instrucciones de sus superiores, esta vez fue más concreto: señaló directamente al ex consejero de Empleo José Antonio Viera (2000-2004). Lo hizo colocándole como la pieza clave de la trama, al asegurar que era "quien dirigía realmente la política de concesión de las ayudas" a empresas en crisis vinculadas a la partida 31-L, conocida como fondo de reptiles. Una de las vertientes de este doble escándalo, ya que el otro es la inclusión de intrusos en expedientes de regulación de empleo. En ambos casos, aparte de estar implicada la Consejería de Empleo, estaba el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y luego la Agencia IDEA, que era el canalizador de los recursos.

La prueba de que era Viera quien manejaba los hilos, según manifestó Guerrero, fue su "especial interés" por beneficiar a determinadas empresas de la Sierra Norte de Sevilla, su área de influencia política natural, y a negocios a los que les unía cierta relación personal de "simpatía" y "amistad", es decir, los vinculados a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del ex alcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo, que apareció como intruso en un ERE, y a su socio José María Sayago. En el caso del grupo alimentario que regentaban estos dos socios, Guerrero, que también fue alcalde de El Pedroso, aseguró que fue Viera quien dio orden de que las ayudas para Matadero de la Sierra Morena y todas las empresas que "colgaban" de esta, "tienen que salir adelante". De hecho, tal y como se recoge en su declaración, Viera tiró de una persona de su confianza, el gerente provincial del IFA Enrique Rodríguez, para elaborar el informe de viabilidad del proyecto empresarial.

Otro dato que refuerza su tesis fue la reunión que describe en la cafetería del Parlamento en la que él mismo y el delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, al parecer, pusieron reticencias a las ayudas que se concedían a este tándem empresarial y que Viera resolvió "mandando callar" a Rivas y diciéndole que "eso era así".

El interés por la comarca se tradujo en que entre los años 2001 y 2008, de los 60 millones que manejó el IFA-IDEA de fondos para ayuda a empresas en crisis, unos 30 millones fueron a parar a empresas de esta zona y 15 a este grupo empresarial.

Con esta declaración, la Unidad Central Operativa de delitos Económicos de la Guardia Civil saca como conclusión que Viera jugó un "papel esencial" en esta trama. Porque no sólo era conocedor "de todas las ayudas que se concedían a las mercantiles de la Sierra Norte", sino que indicó cuáles tenían que "salir adelante", como es el caso de todas aquellas relacionadas con Rosendo y Sayago.

En el caso de que estas conclusiones de la Guardia Civil acaben con la imputación de Viera -dimitió hace diez días como secretario general del PSOE de Sevilla por discrepancias con la dirección regional del partido por la confección de las listas al Parlamento para las elecciones autonómicas del 25-M-, la causa tendrá que ser elevada al Tribunal Supremo por su condición de diputado.

Pero si durante el interrogatorio Guerrero puso en el punto de mira a Viera, también lo hace con la Consejería de Economía, de la que fue titular el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, entre los años 2004 y 2009. Preguntado sobre quiénes tomaban la decisión sobre la concesión de las ayudas y si estas pasan por el Consejo de Dirección de Empleo, dejó caer que en todo el proceso las memorias, partidas afectadas por los pagos y los pagos pasaban los "filtros" tanto de Economía como de la propia Intervención General de la Junta.

A quienes despeja del entramado es al sucesor de Viera como consejero, Antonio Fernández, y su viceconsejero Agustín Barberá, de quienes asegura que no tenían ninguna relación con la Sierra Norte. Lo mismo hace con el parlamentario socialista, José Caballos, por entonces presidente de la Junta Rectora del Parque de la Sierra Norte, de quien dice no tener constancia de que asistiese a reuniones en las que se acordasen ayudas a la comarca.

A otro que deja al margen de la trama es al ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del que fuera presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla. Guerrero se limitó a asegurar que si se benefició de alguna ayuda fue por la directriz dada de potenciar el sector del corcho, al cual estaban vinculados sus negocios.

En cuanto al último episodio de los 900.000 euros en ayudas a las dos empresas de su ex chófer, Juan Francisco Trujillo, de donde, según declaró éste, salió dinero para pagar las copas y las cocaína que compartían en sus fiestas particulares, Guerrero dijo no saber nada. "Es verdad que en alguna ocasión me preguntó que si se daban ayudas a empresas y le contesté que sí, pero no sabía que Trujillo era socio de esas empresas", dijo Guerrero ante la Guardia Civil, que supo que su ex chófer estaba detrás de esas sociedades por la prensa.