Guerrero, Rivas, Mellet, Ponce y Santoyo, imputados por los ERE de Mercasevilla

La magistrada del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha imputado al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, al exdirector general de la sociedad mixta Mercasevilla Fernando Mellet, al que fuera su director adjunto, Daniel Ponce, al exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y a los prejubilados del mercado central de abastos hispalense José Antonio R.M. y Antonio Garrido Santoyo, en el marco de la nueva línea de investigación promovida para esclarecer posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) impulsados desde esta compañía participada mayoritariamente por el Ayuntamiento y Mercasa.

El pasado 10 de enero de 2011, Mercedes Alaya había emitido ya un auto ordenando investigar la inclusión de María del Carmen Fontela González y Antonio Garrido Santoyo en los expedientes de regulación de empleo promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, pese a que ninguno de ellos pertenecía a la plantilla de la lonja. En este mismo auto, la juez reclamaba el contrato de trabajo de José Antonio R.M., cuya inclusión en el ERE de 2007 autorizó el por entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, diez días después de ser dictada la resolución del ERE y merced a las sucesivas e intermitentes relaciones contractuales entre el trabajador y la compañía.

La Fiscalía, como es sabido, reclama para Rivas una multa de 900.000 euros y 21 meses de suspensión de empleo o cargo público en las diligencias incoadas a cuenta del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por Mellet y Ponce.

En este nuevo auto, emitido el 20 de enero de 2011, Alaya entiende que en la presunta "ilicitud" del ERE de 2007 y en las prejubilaciones fraudulentas descubiertas en Mercasevilla concurre la participación de "personas absolutamente ajenas al delito societario" ya investigado por esta instancia judicial en cuanto a la anterior gestión del mercado central de abastos, como ya había avanzado en su edición de este martes el diario El Mundo. A tal efecto, la juez acuerda instruir unas nuevas "diligencias previas" relativas a las incidencias detectadas en los expedientes de regulación de empleo promovidos por Mercasevilla.

El ERE de 2007

El expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla figuraba entre las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta del posible delito societario. De un lado, entre finales de 2007 y comienzos de 2008, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, dio su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007. No obstante, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

En este marco, destacan los casos de María del Carmen Fontela González y del ex miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, incluidos como prejubilados en los ERE promovidos por Mercasevilla en 2003 y 2007, respectivamente, pese a que ninguno de ellos ha formado nunca parte de la plantilla. Ambas personas, de hecho, figuran entre las prejubilaciones fraudulentas detectadas por la Consejería de Empleo tras haber inspeccionado los expedientes de regulación de empleo incentivados por la Administración autonómica a través del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), extremo derivado de un convenio entre las partes promovido por Francisco Javier Guerrero.

No obstante, cabe precisar que la prejubilación fraudulenta de Fontela González en Mercasevilla no llegó a ser consumada a todos los efectos, porque esta mujer figura realmente como beneficiaria de una póliza de seguro de rentas asociada al expediente de regulación de empleo promovido por el restaurante Río Grande, donde tampoco ha trabajado jamás.

Seis imputados en esta línea

De cualquier modo, en este último auto la juez atisba posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en torno a las incidencias relacionadas con los expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla, resolviendo la imputación de Mellet, Ponce, Guerrero, Rivas, Garrido Santoyo y José Antonio R.M. La juez reclama también el "organigrama" de consejeros de Empleo desde 2001 en adelante, toda vez que a Antonio Fernández, consejero del ramo entre 2004 y 2010, le ha sido comunicada ya su imputación a manos de Mercedes Alaya, que investiga también una posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos en Andalucía.

El propio presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), había anunciado el 17 de febrero la imputación de José Antonio R.M. La juez, además, solicita a la Dirección General de Trabajo de la Administración autonómica "certificación" de la resolución emitida el 1 de junio de 2006 en la que "se planteaba el ERE de 2007 como continuación del de 2003".