La Guardia Civil ve un posible delito de Monteseirín en el caso DeSevilla

El equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil considera que el ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín y el resto de patronos de la Fundación DeSevilla entre 2008 y 2011 podrían haber incurrido en "responsabilidades penales" por su gestión en la mencionada fundación, actualmente en proceso de liquidación. En un atestado remitido el pasado 17 de septiembre al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las irregularidades en la Fundación DeSevilla, la Guardia Civil señala que de las diligencias practicadas hasta el momento "podrían existir responsabilidades penales, en relación a los hechos investigados, por parte de los patronos de la Fundación que ejercieron ese cargo durante los años 2008, 2009, 2010 y parte del 2011".

Según los investigadores, estos patronos, entre los que se incluyen el propio ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín -que presidió diversas sesiones del Patronato- y el ex primer teniente de Alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) -ya imputado y que declarará el próximo 18 de noviembre-, eran "sobradamente conocedores de la situación económica" de la Fundación y "no tomaron las medidas que solucionaran las deficiencias detectadas año tras año, desde el momento que tenían la información y sus votos en las sesiones del Patronato eran determinantes para continuar o no con esa línea de actuación que ha desembocado en la apertura de diligencias previas en este juzgado de Instrucción". La Guardia Civil aprecia, "cuando menos", la existencia de un delito contra la Hacienda Pública Pública y la Seguridad Social, y otro societario.

La denuncia por estas irregularidades fue presentada en noviembre pasado por la abogada Lourdes Fouster, en representación de la Fundación DeSevilla, y la misma se dirigía, en concreto, contra 27 antiguos miembros del patronato y de los órganos de gobierno de DeSevilla, entre los que figuraban, además de Monteseirín y Torrijos, los ex concejales Emilio Carrillo, Alfonso Mir, Jon Ander Sánchez, Carlos Vázquez y Manuel Marchena, entre otros. Los ex gerentes de la Fundación Miguel López Adán y Domingo Enrique Castaño -el que fuera asesor de Monteseirín y que está imputado en la causa de la venta de los suelos de Mercasevilla y en la operación Madeja sobre la presunta financiación ilegal del PSOE-, también figuran entre los cargos denunciados, aunque Castaño sólo ocupó el cargo durante unos meses en el año 2007 y la Guardia Civil centra las posibles responsabilidades en los patronos de los años 2008, 2009, 1010 y parte del 2011.

La denuncia atribuía en principio hasta cinco delitos a los miembros del patronato: de tipo societario -falsedad en las cuentas anuales y administración desleal-, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones.

La Guardia Civil considera que de las actuaciones realizadas hasta ahora se desprenden "evidentes responsabilidades" en la gestión de la Fundación del ex gerente Miguel López Adán, y del ex delegado de Economía y miembro de la comisión ejecutiva del Patrono y vicepresidente de este organismo, Carlos Vázquez Galán, ambos ya imputados.

Dice la Guardia Civil que Carlos Vázquez presidía "habitualmente las sesiones en las cuales se informaba a los demás patronos de la situación de la Fundación y donde se aprobaban las cuentas de los años anteriores y los presupuestos para los posteriores". El atestado de la Guardia Civil desgrana en 96 folios los expedientes bajo investigación y concluye que "no existe constancia documental" de que en las subvenciones recibidas por la Fundación tras la tramitación de tres expedientes (19/2006, 98/2008 y 37/2009) se tomaran "medidas legales por parte de los gobernantes locales" para proceder a la recuperación de las partidas subvencionadas, "declarándose, tras la aprobación en las juntas de gobierno, los expedientes conclusos, como en el caso del 98/08 sin nada más que indicar".

Esas cantidades que "nunca se justificaron ni reintegraron" suponían, a fecha de 29 de junio de 2011 -cuando se estaba traspasando el poder al PP tras ganar las municipales-, una "deuda a las arcas municipales" de 935.890,16 euros. La Guardia Civil insiste en que de forma "reiterada" el interventor o el viceinterventor recogieron conclusiones "discrepantes" con ciertos aspectos reflejados en los convenios pero a pesar de estos reparos "en la inmensa mayoría de las ocasiones las subvenciones fueron aprobadas sin ser tenidas en cuenta".