La Guardia Civil clausura dos farmacias de la capital por tráfico de medicamentos

La Guardia Civil clausuró este miércoles dos farmacias sevillanas por su vinculación en la trama a nivel nacional de venta ilegal de fármacos al extranjero, que continua abierta. Se trata de las oficinas situadas en la calle Rafael González Abreu, en el centro, y Mar de Alborán, en el barrio de Pino Montano, ambas pertenecientes a la misma familia y con una larga trayectoria en el sector. Las farmacias sevillanas son las últimas en unirse a la lista de 28 boticas y almacenes de distribución registrados con domicilio en Zaragoza, Teruel, Barcelona, Valencia, Málaga y Granada. Una red de tráfico ilícito de medicamentos que investiga a nivel nacional el juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, y que ya cuenta con 30 detenidos y dos imputados.

Según fuentes cercanas a la investigación de esta operación, denominada Convector, la organización obtenía los medicamentos en farmacias españolas como si fuesen destinados para pacientes y posteriormente los vendía en el extranjero a precios muy superiores. Lo que, en algunos casos, permitía obtener un beneficio de hasta el 800% sobre el precio de venta en España. Las boticas españolas tienen prohibido llevar a cabo esta práctica, conocida como distribución inversa, ya que sólo pueden dispensar fármacos a los pacientes.

Los inspectores de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales han colaborado con la Guardia Civil desde que el fraude salpicó a Andalucía, con el registro de tres empresas de distribución en Granada y una en Málaga. No obstante, la Junta permanece en silencio, al tratarse de una investigación abierta.

En esta misma línea, Manuel Pérez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, manifiesta también su intención de colaborar en la investigación "si fuera necesario": "Aún no sabemos el grado de implicación de estas farmacias en la trama, pero si sus propietarios han cometido un acto ilícito deben responder ante la Justicia", señala Pérez. "Este fraude puede hacerle mucho daño al sector".

El desabastecimiento de fármacos para tratar el cáncer o evitar el rechazo de órganos en personas trasplantadas destapó este fraude. Los productos vendidos ilegalmente comparten características similares: no suelen contar con un sustituto terapéutico, tienen una demanda importante en el comercio intercomunitario y son caros.

Las primeras informaciones al respecto desvelan que las farmacias implicadas, junto con otro almacén distribuidor, se quedaban con un pequeño número de estos medicamentos para su dispensación a los pacientes y el resto eran enviados al almacén distribuidor, que los depositaba en almacenes legales o ilegales que se encargaban de la venta a países de la Unión Europea, como Alemania, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Austria y Grecia, y terceros países.

La red obtenía los medicamentos en las farmacias, puesto que el precio de los fármacos dispensados en España es más barato que los que se destinan a la venta mayorista en el extranjero.

Las farmacias recibían del almacén mayorista implicado el listado de medicamentos a conseguir, que variaba mensualmente, y una vez conseguidos, los derivaban al almacén implicado, camuflando estas ventas mediante diferentes procedimientos: como productos de parafarmacia y ortopedia, simulación de devoluciones de los fármacos al almacén y a través de otros almacenes intermedios que se encargaban de venderlos a los que exportaban los fármacos.

En otras ocasiones utilizaban a intermediarios, conocidos como bolseros, que efectuaban la compra de los medicamentos (como venta libre sin receta, o mediante receta falsa) y que luego se encargaban de transportarlos hasta a los almacenes de la trama para su posterior venta en el extranjero.

A su vez, el almacén implicado se encargaba de venderlos fuera de España y llegaba en algunos casos a obtener un beneficio del 800 % sobre el precio de venta en España. La mayoría de estas tramas operan en dinero negro sustrayendo al fisco los impuestos correspondientes, ya que habitualmente no existen facturas ni justificantes para evitar dejar constancia del comercio irregular.

En la operación, dirigida por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, participan agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel, en colaboración con el Servicio Aragonés de Salud, la Agencia Tributaria en Teruel, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).