La Guardia Civil atribuye cinco delitos al ex asesor de Monteseirín

La juez Mercedes Alaya ha abierto una nueva investigación, derivada de la causa por la supuesta adjudicación irregular de los suelos de Mercasevilla, que ha derivado en una nueva operación que se ha saldado por el momento con la detención de cuatro personas, entre ellas Domingo Enrique Castaño, el que fuera asesor del ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, y de su esposa, la abogada Ana María Vaquero Salguero.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que desarrolla la operación denominada Madeja bajo la dirección de Alaya y en el marco de una pieza que permanece declarada secreta, detuvo a primera hora de la mañana de ayer a Domingo Enrique Castaño y a su esposa en su residencia de verano de la urbanización Hato Verde de Guillena.

Las otras dos personas arrestadas son el administrador de la empresa Fitonovo -que se dedica al mantenimiento de Parques y Jardines-, Rafael González Paloma, y el ex administrador de la empresa de servicios fitosanitarios Fiverde, Ángel Manuel Macedo, según confirmaron fuentes de la investigación. Además de los cuatro detenidos, se procedió a la imputación de otras dos personas más. El operativo se desarrolló de manera coordinada en varias localidades de Sevilla y en el mismo se practicaron hasta cinco registros en domicilios particulares y empresas, así como en el bufete donde trabaja la esposa de Castaño. En todos estos registros, los agentes intervinieron diversa documentación y distintos soportes informáticos, como discos duros y los buzones de correos electrónicos. En los inmuebles de Castaño se intervinieron casi 7.000 euros en metálico.

La nueva investigación constituye una pieza separada que deriva de la causa de los suelos de Mercasevilla, en la que se investiga un supuesto cohecho por parte de Castaño en su etapa al frente del área de Vía Pública del Ayuntamiento y que estaría relacionada con la adjudicación de contratos a estas empresas a cambio de supuestas dádivas. En el curso de las investigaciones, que se iniciaron después de Alaya ordenara en julio de 2012 indagar el posible "enriquecimiento sospechoso" de Domingo Enrique Castaño, se habrían detectado supuestamente importantes ingresos procedentes de las empresas adjudicatarias en las cuentas del ex asesor de Monteseirín, lo que constituirían esos indicios de presunto soborno.

Fitonovo ha sido en los últimos años uno de los principales contratistas del Ayuntamiento, aunque en la actualidad también mantiene un importante nivel de negocio con el Consistorio que ahora gobierna el PP, según dijeron ayer fuentes del caso, que indicaron que también se investiga si Castaño recibió de esta empresa un vehículo de la marca Audi.

La Guardia Civil atribuye inicialmente a Domingo Enrique Castaño hasta cinco delitos: cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales. Los cuatro detenidos permanecían al cierre de esta edición en la Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto y está previsto que los investigadores les tomen declaración a primera hora de esta mañana, con lo que podrían pasar a disposición judicial en las próximas horas.

El abogado José Manuel García-Quílez, que representa a Castaño, explicó ayer a este periódico que no existe ese enriquecimiento sospechoso que apunta la Guardia Civil y la juez Alaya, y recordó que en julio de 2012, cuando la instructora ordenó esa investigación patrimonial del matrimonio ya aportó las pruebas que avalan su versión.

El informe del grupo de Delincuencia Urbanística de la UCO señala que entre 2006 y 2012, el matrimonio adquirió dos inmuebles -el chalé de Hato Verde y el domicilio de la calle González Cuadrado-, así como dos plazas de aparcamiento en las calles San Blas y Virgen Dolorosa. Según la UCO, los tres primeros inmuebles se adquirieron con unos "fondos propios" de 102.270 euros que los investigadores atribuyen a ese "enriquecimiento sospechoso". Sin embargo, la defensa de Castaño, en el escrito remitido al juzgado, consideraba que esa conclusión era "completamente errónea" porque no tiene en cuenta que, a finales de 2005, la pareja contaba con una liquidez de 181.342,84 euros, gracias a unos fondos que ambos tenían en la entidad ING, con lo que la sospecha de los agentes "se desmorona completamente".

José Manuel García-Quílez señala que los inmuebles adquiridos por Domingo Enrique Castaño y Ana María Vaquero tienen sendas hipotecas, de 240.000 euros, en el caso del chalé de Hato Verde -por el que pagaron 362.200 euros-, y de 320.000 euros, en el caso de la vivienda de calle González Cuadrado, donde hicieron reformas por valor de otros 228.000 euros. Con esta argumentación, la defensa pidió a Alaya que dejara sin efecto el auto sobre el enriquecimiento sospechoso de Castaño y le excluyera del grupo de imputados objeto de la nueva investigación patrimonial y de la pieza separada secreta, una petición a la que la instructora ha hecho caso omiso.