Por qué el Gobierno obliga a sacar a Queipo de Llano de forma urgente de la Macarena

El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha ordenado este lunes a través de una misiva a la hermandad de la Macarena que saque de la basílica de forma urgente los restos de los generales Gonzalo Queipo de Llano y de Francisco Bohórquez Vecina, aplicándose así la Ley de Memoria Democrática. La pregunta es ¿a qué se deben ahora ahora tantas prisas?, ¿por qué no se sacaron los restos de los generales cuando se exhumó el cuerpo de Franco?

La clave está en la recién aprobada Ley de Memoria Democrática por parte de las Cortes Generales y publicada en el Boletín Oficial del Estado la semana pasada, por lo que no fue hasta el 19 de octubre cuando el nuevo texto entró en vigor.

Según el artículo 38.3 de esta norma legal, "los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil o la Dictadura".

La carta enviada por el Gobierno a la hermandad de la Macarena señala que "esta nueva norma pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana".

Exhumación de Francisco Franco

La exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019, hace ahora justo tres años, reavivó la polémica en Sevilla por la presencia de Queipo de Llano, el general que lideró el golpe de Estado de 1936 en Andalucía, en la basílica de la Macarena. ¿Por qué no se exhumaron entonces también los restos del general? Debido a un vacío legal y al hecho de que en cada uno de estos casos se aplica una ley distinta.

Mientras que el Valle de los Caídos es de titularidad estatal, la basílica de la Macarena pertenece a la hermandad, es decir, de titularidad privada. La Ley de Memoria Democrática de Andalucía, aprobada en 2017, establece en su artículo 32.4 sobre los elementos contrarios a la memoria histórica y democrática que, cuando estos "estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos". Este sería el caso aplicable a la Macarena, pero para poder instar a su salida era necesario desarrollar la normativa y es a ese vacío legal al que se aferraba la hermandad.

La aprobación del decreto dependía del Ejecutivo andaluz, dirigido en 2019 por PP y Ciudadanos y sustentado por Vox, que arrancó, a cambio de su apoyo, la sustitución de esa norma por una ley de la concordia, y el decreto no se llevó a desarrollar.

En el caso de Franco, el Consejo de Ministros estableció un procedimiento para dar trámite jurídico a la exhumación, dar audiencia a la familia y otros interesados, y determinar el lugar de la inhumación. La instrucción fue larga, y el 15 de febrero de 2019, la ministra de Justicia Dolores Delgado elevó al Consejo de Ministros la propuesta de la instructora, informando la decisión del Gobierno de retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos, como parte de la Ley de Memoria Histórica, aprobada el 26 de diciembre de 2007. Esta ley incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil española (1936-1939) y de la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), pero no la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de represaliados por los sublevados.