El Gobierno aprueba cambiar el PGOU para hacer parkings rotatorios en el Centro

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado, con el voto favorable del PP y contrario de PSOE e IU, el desarrollo de cambios puntuales en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que se incluyen modificaciones para el desarrollo de un aparcamiento en la Alameda y el cambio de calificación de la antigua comisaría de la Gavidia de superficie de Interés Público y Social (SIPS) Socio-Cultural a gran superficie comercial, uno espacio que se compensarán con las dependencias municipales en la calle Pajaritos y el Mercado del Arenal, que cambian su calificación de residencial Centro Histórico a SIPS Socio-Cultural en el Sistema General.

La sesión plenaria, que ha sido interrumpida por una veintena de trabajadores municipales al grito de "negociación es la solución" en referencia al plan de ajuste municipal y "menos directores y más trabajadores, ha contado con la intervención del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, quien ha defendido el desarrollo de un nuevo aparcamiento en el centro con el objetivo de dinamizar la zona y centrado en el interés general, dejando claro que "no hay nada de especulación ni intereses particulares" en estas modificaciones.

Igualmente, se ha subrayado el compromiso municipal de alcanzar un "consenso" con todos los colectivos afectados sobre "cómo, dónde y cuándo" se hará el parking, "una vez que se hayan obtenido las aprobaciones necesarias", apuntando a la Junta de Andalucía, el Gobierno central --si finalmente procediera-- y el Consejo Consultivo de Andalucía.

Zoido insiste en la necesidad de reactivar la zona para que no quede "muerta" para la convivencia y el desarrollo de la ciudad y recuerda que desde el PP "siempre" se ha defendido la necesidad de que llegue al metro a la zona y se desarrollen aparcamientos. "El PSOE ha tenido este proyecto encima de la mesa y cuando se rehabilitó el espacio no se hizo porque era rehén de IU", insiste el primer edil hispalense, que añade que en la actual actuación "no hay nada de especulación ni intereses particulares".

Así, apuesta por actuar desde la "transparencia y la legalidad vigente, dando oportunidades a la zona" y lamenta que el gobierno anterior "no haya sido capaz" de vender la Gavidia, dejando ese "negocio ruinoso" al actual equipo de gobierno, un espacio que ahora se ha de convertir en "fuente de oportunidades".

En la misma línea, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez , se ha comprometido a que el Consistorio buscará el "consenso cuando se llegue a ese punto" y subraya la necesidad de parking para impulsar la economía y dar servicio a la población "envejecida" del centro, dejando claro que las modificaciones planteadas se adaptan a la ley.

Al hilo de esto, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha vaticinado que estas modificaciones "no saldrán adelante porque incumplen la ley y no obtendrá el visto bueno de ninguna otra administración al no presentar justificación urbanística alguna que pueda basarse en el interés general de la ciudad", ya que supone un "claro perjuicio" para los ciudadanos.

Advierte de que Zoido y Vílchez saben de la "pobreza" de los argumentos de una propuesta que sólo se explica "de acuerdo a intereses económicos", lo que interpreta como "desviación de poder", al tiempo que avanza que "no superará el dictamen vinculante del Consejo Consultivo al atentar contra la LOUA y la propia Ley de Patrimonio Histórico". "Se está presentando una chapuza para buscar un nuevo frente con el que presentarse como víctimas de la administración de la Junta de Andalucía", sentencia.

Afirma que el PGOU "no es intocable" si mejora "lo ya acordado, debatido y aprobado" y critica la "total ausencia de consenso con los vecinos que sufrirán a diario las consecuencias en tráfico, colapsos y pérdida de bienestar". Las modificaciones planteadas este viernes "liberan al PP por completo" para que intramuros construya "tantos aparcamientos rotatorios y centros comerciales como considere oportuno, un ataque frontal a una ordenación urbanística que el PGOU entendía que debía proteger el casco histórico".

Sobre la Gavidia, se ha mostrado "a favor", pero "sin tener que pasar por un cambio de calificación que no se encuentra mínimamente justificado más que en razones económicas que no atienden al interés general con el que el edificio se considero de interés público y social para equipamientos ciudadanos", así como por plantear compensaciones de equipamientos "insuficientes e injustos fuera del entorno de la zona que los acabará perdiendo a favor de una macrosuperficie comercial".

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Antonio Rodrigo Torrijos, ha advertido que hará "todo lo posible" para que no se lleve a cabo este aparcamiento y ha criticado que no se haya negociado con anterioridad. Así, tacha la actuación municipal de "urbanismo especulativo", ofreciendo la ciudad "al mejor postor" y "pagando sus deudas electorales con las minorías en vez de gobernar para la mayoría".

Además, recuerda que las iniciativas de aparcamientos como las de Mendigorría, San Luis, Crédito o los disuasorios de Paseo Colón "no se colmataban", por lo que "no hay una demanda ciudadana, sino de aquellos que quieren que el cliente llegue a la puerta de su negocio".

"Imagínese si una gran empresa dice me quedo con la Gavidia pero si se hace el aparcamiento de la Alameda, pero esto es sólo un cuento en el que el tiempo ya dirá", sentencia Torrijos, que apunta que a pesar de las quejas del Ayuntamiento sobre la falta de fondos se pretende levantar la Alameda o ¿es que acaso no se usará la tuneladora y se hará mágicamente?". Ante estas afirmaciones, Vílchez ha respondido que ambas actuaciones no están "ligadas", ya que la Gavidia se adquirió en 2005 y el PP reclama el parking desde 2003, mientras que añade que "tampoco está demás modificar la Alameda porque muy bonita tampoco ha quedado".

En este punto, Vílchez ha recalcado que no existe especulación en las modificaciones que se llevarán a cabo del PGOU y apunta a Mercasevilla y las imputaciones de directivos como "urbanismo sospechoso de especulación del gobierno anterior". Ante esto, Torrijos ha lamentado la "falta" de información de Vílchez, ya que "precisamente me acusan de lo contrario", y de "víctima de su propia propaganda". Así, detalla que la acusación es "por haber facilitado a una empresa cuyo criterio central no era dar dinero sino las viviendas sociales y la formación".

"Dicen que di un contrato a la empresa que se ofrecía más barata, dije sí y lo sostengo, porque hay que pensar en las personas en desigualdades y si alguien ofrece abaratamiento en las viviendas hay que apoyarlo", sentencia.

Junto a estos cambios, se ha aprobado las modificaciones propuestas para acatar sentencias judiciales, donde destaca la innovación consistente en sustituir la denominación de equipamiento deportivo por espacio libre público en el Prado de San Sebastián, según la sentencia del Tribunal Supremo del día 13 de junio de 2011.

Igualmente, se aprueba subsanar 21 "errores" en el PGOU y la calificación de SIPS de la parcela de la sede de la asociación de vecinos Pedro Salvador y cambios de dotacional deportivo a transportes e infraestructuras básicas en la parcela norte de San Jerónimo para un apeadero ferroviario. Se producen cambios en calificaciones de zona verde a dotacional en Su Eminencia para un centro de atención a personas discapacitadas y de parcela de espacio libre público en el antiguo Cuartel de la Calzada a SIPS público para ampliar la residencia de enfermos de la asociación Auxilia.