Francisco, la soldado trans de Sevilla, dice sentirse discriminada y pide 50.000 euros a Defensa

Francisco Javier L. G., la soldado trans sevillana, solicita al Ministerio de Defensa una indemnización de casi 50.000 euros por vulnerar sus derechos fundamentales. La militar pidió utilizar el vestuario femenino de la base en la que está destinada, el acuartelamiento de Torreblanca, que considera que es el que le corresponde por su nueva identidad de género. Francisco no ha cambiado ni de nombre ni ha iniciado el proceso para operarse el sexo, simplemente cambió de género acogiéndose a la nueva ley trans, aprobada por el Congreso de los Diputados en febrero de 2023. En una entrevista con este periódico, aseguró que está contenta con su cuerpo y le gustan las mujeres pues se considera lesbiana.

"Las soluciones aportadas por la parte contraria son medidas provisionales y temporales, sin ofrecer una planificación estable que no perjudique a doña Francisco Javier y la señale e individualice frente al resto del mundo, teniendo ella el único interés de su integración y adaptación a su nueva situación", expone la soldado en su demanda contra el Ministerio de Defensa, elaborada por el abogado José Antonio Sires y presentada en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

El letrado considera que se produce "una vulneración directa de sus derechos" y un "conflicto claro entre los derechos" de su cliente y los asesores del Ejército con los que ésta se entrevistó, que "eran parte del organismo contra el que se están presentando las reclamaciones correspondientes, quebrantando así la dualidad de partes en el conflicto". Entiende, por tanto, el abogado que no se respeta la "imparcialidad a la que se debe aquella persona que realizara la labor de asesor".

También se opone a la solución que ofrece el Ejército, que es la de habilitar un espacio vestuario para la soldado en unas dependencias para oficiales, y compartido por turnos, con los que no coincidiría con sus compañeras. La demanda asegura que "se procede a una restricción severa de los derechos de doña Francisco Javier López, limitando tanto el acceso a las instalaciones como a los horarios pertinentes, dejándola aislada y señalada como si de una situación excepcional y excéntrica se tratara, cuando el único deseo de la misma es recibir una igualdad de trato en base a su identidad de género".

Según la demanda, la soldado recibió una comunicación del Ministerio de Defensa informando de que, "aunque las obras de adecuación de zonas para vestuario femenino deberán continuar, hay espacio suficiente para la disposición de un espacio de vestuario en el alojamiento logístico femenino de tropa" y que se le podía asignar un nuevo espacio con una serie de consideraciones, de forma que se ponga fin a la situación de provisionalidad y sin que se implante un sistema de turnos.

Tampoco es suficiente esta respuesta para los intereses de la soldado Francisco, que argumentaba como motivo principal para oponerse que se establecía una zona exclusiva para ella, "situación que agravaría cualquier posibilidad de igualdad en el acuartelamiento, en lugar de permitir una integración acorde al espíritu de la ley" trans.

En cambio, la demanda arguye que se provoca "tanto una inseguridad jurídica como un estado de inseguridad laboral y social, quedando marcada" la soldado al negársele tanto el uso de los vestuarios masculinos como "una limitación notoria" en el uso de los femeninos, "sólo habilitando una suerte de tierra de nadie ante la rigidez del estamento".

Para el abogado, todo este proceso pone de manifiesto "distintos incumplimientos graves y culpables causados por la administración demandada" y unos hechos que podrían suponer la "existencia de una conducta lesiva de los derechos fundamentales" de la militar transgénero, en particular del derecho al respeto a su dignidad y su integridad física y moral.

Por ello, reclama una indemnización por daños y perjuicios, que cifra en 49.180 euros. Hace este cálculo en base a las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que consideran "idóneo y razonable" el criterio de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (Lisos).