Fomento comunica que ha realojado sólo a 8 de las 22 familias de la Corrala

Sevilla/La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que gestiona IU, ha realojado provisionalmente en viviendas de su titularidad a ocho de las 22 familias desalojadas el pasado domingo del edificio de pisos conocido como corrala Utopía. En un comunicado, la Consejería asegura que la medida se adopta en cumplimiento de la resolución de la Dirección General de Vivienda de 9 de abril y responde al mandato del juzgado de instrucción 3 de Sevilla que ordenaba a las administraciones públicas "proveer lo necesario" para atender "a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social".

La Consejería ha emitido el comunicado este viernes, después de que esta mañana se publicara en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) un decreto de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que retira a Fomento las competencias sobre adjudicación de viviendas protegidas de titularidad pública. Este decreto ha motivado que la dirección regional de IU acordara la "suspensión momentánea" del acuerdo programático de Gobierno con el PSOE en Andalucía. Según la Consejería de Fomento, "las familias realojadas cuentan con informes sociales favorables custodiados por el Defensor del Pueblo Andaluz, que reclamó su realojo al Gobierno andaluz, representado por la Consejería de Fomento y Vivienda, y al Ayuntamiento de Sevilla, en el marco de la comisión técnica creada por ambas administraciones el 5 de marzo", señala la Consejería.

Añade que la resolución de la Dirección General de Vivienda para dar cumplimiento al auto judicial se dicta sobre la base de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a las administraciones públicas a dar cumplimiento a los autos, sentencias y demás resoluciones judiciales que sean ejecutables. También cita la ley reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, de 2010, que establece que las administraciones públicas andaluzas favorecerán el alojamiento transitorio de las personas con riesgo o en situación de exclusión social; al Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos de Demandantes; y el Decreto 149/2006, por el que se aprueba el Reglamento de Vivienda Protegida.

El realojo provisional, procedimiento diferente de la adjudicación de viviendas a través de registros públicos de demandantes, permite atender a familias en situación de emergencia sobrevenida, según la Consejería, que añade que este procedimiento de cesión del inmueble no implica la adjudicación del mismo. El departamento que dirige Elena Cortés asegura que el 9 de abril asumió el realojo de las familias desalojadas de la corrala Utopía que cumplieran las condiciones establecidas en el auto judicial después de que el Ayuntamiento de Sevilla "eludiera" sus responsabilidades pese a estar "mandatado" por el juzgado y que es titular de 528 viviendas deshabitadas y sin contrato de compraventa o arrendamiento.

Todo esto pese al "rechazo" del Ayuntamiento pese a acordara con el Gobierno andaluz crear una comisión, con participación del Defensor del Pueblo, para dar una solución compartida al problema, y pese a que la Consejería informó en el seno de la misma de su escasez de inmuebles al haberlos entregado en alquiler a familias con recursos limitados. La Consejería, por ello, sólo podría disponer para una solución inmediata de viviendas que quedaran desocupadas como resultado de la rotación natural de las viviendas públicas, por causas como cancelaciones de contratos de alquiler y mudanzas, fallecimientos, o ejercicios de tanteo y retracto en el caso de compraventa.

El desalojo realizado el 6 de abril por la Policía Nacional supuso además la ruptura de las negociaciones para encontrar una solución entre la Consejería y la entidad financiera propietaria del inmueble, y que abiertas con el respaldo del Ayuntamiento y el Defensor del Pueblo. La Consejería añade que en lo ocurrido con la corrala ha dado cumplimiento al artículo 47 de la Constitución (que recoge que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" e insta a los poderes públicos a "promover las condiciones necesarias" y a establecer "las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho"), el Estatuto de Autonomía, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.