La Fiscalía reclama una multa de 3,6 millones por cohecho de Mercasevilla

Sevilla/La incógnita sobre si la Fiscalía de Sevilla incluiría al ex delegado de Empleo Antonio Rivas Sánchez en la causa por el soborno de Mercasevilla a pesar de las escasas pruebas que hay contra el mismo se despejó ayer. El departamento que dirige María José Segarra presentó su escrito de conclusiones provisionales en el que solicita una multa de 900.000 euros y suspensión de empleo o cargo público durante 21 meses para los cuatro imputados por el intento de cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla, una de las cinco variantes del caso en la que están imputados los ex directivos del mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce, la directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla Regla Pereira, y el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

La Fiscalía, que ha aplicado a los acusados el antiguo Código Penal por ser más favorable para los reos, reclama en caso de impago de la multa un año de prisión para cada uno de los acusados, lo que evitaría en el supuesto de condena su ingreso en prisión al carecer de antecedentes penales y ser la pena inferior a los dos años.

La Fiscalía Anticorrupción considera que los cuatro imputados son presuntos responsables de un delito de cohecho, por haber solicitado supuestamente una comisión de 450.000 euros a los empresarios de La Raza, a cambio de que pudieran hacerse con la gestión de una escuela de hostelería que se iba a crear en Mercasevilla y que ya había sido subvencionada por la Junta con 900.000 euros.

Contra el ex delegado de Empleo, la Fiscalía sólo cuenta con las declaraciones incriminatorias que Fernando Mellet realizó ante la Policía Judicial y ante la propia fiscal jefe en el curso de la investigación previa que realizó Segarra, pero esas manifestaciones no han sido ratificadas en el juzgado, dado que Mellet se acogió a su derecho a no declarar cuando compareció ante la juez Mercedes Alaya. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que la declaración de un "coimputado" -como ocurre con el ex director de Mercasevilla- que no ha sido ratificada ante la autoridad judicial carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando no resulta "mínimamente corroborada" por otras pruebas en contra del imputado. A pesar de la doctrina, el Ministerio Público cree que Antonio Rivas debe sentarse en el banquillo de los acusados y responder del presunto cohecho ante el jurado popular que deberá enjuiciar este caso.

La Fiscalía relata en su escrito de conclusiones provisionales elevado al juzgado de Instrucción número 6 que a finales de 2008 el entonces delegado de Empleo Antonio Rivas, tras conocer la concesión de la subvención de 900.000 euros para la escuela de hostelería, se puso en contacto con Fernando Mellet y "de común acuerdo, con el fin de obtener un lucro ilícito, decidieron exigir a los responsables del grupo Alazar una comisión o dádiva de al menos 300.000 euros a cambio de que fuera este grupo quien se encargara de la gestión y explotación del centro de formación". El Ministerio Público añade que, una vez enterados de dicha decisión, los otros dos imputados, Daniel Ponce Verdugo y Regla Pereira Baus, "aceptaron colaborar con los otros acusados".

Para tal fin, concertaron una reunión el 16 de enero de 2009 a la que asistieron Daniel Ponce por la Fundación y el empresario Pedro Sánchez Cuerda al que el primero le manifestó que debían entregar los 300.000 euros a cambio de encomendarles la gestión del centro, "so pretexto de que era una colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía", añadiendo que los empresarios también tenían que hacerse cargo de los gastos derivados de la instalación eléctrica, lo que suponía otros 150.000 euros.

En esa reunión, continúa el Fiscal, también estuvo "parcialmente presente" Regla Pereira, quien había participado en la elaboración del proyecto de subvención y que delante de Pedro Sánchez, "asintió ante lo manifestado por Daniel Ponce sobre la entrega del dinero, reforzando la petición".

Como continuación de ese primer encuentro, se produjo una segunda reunión el 27 de enero de 2009 -a la que asistieron Fernando Mellet, Daniel Ponce y los dos hosteleros de la Raza- en la que insistieron en la exigencia de la comisión ilegal, "reforzando su petición con el falso argumento de que lo pedido no era para ellos sino para colaboración con la Junta, prometiéndoles además que si accedían a entregar el dinero, el grupo Alazar obtendría luego favores tales como más subvenciones para futuros cursos, o la concesión de todos los catering que se organizaran..."

La Fiscalía recuerda que esta conversación fue grabada por los empresarios y la grabación figura como prueba en la causa. Los empresarios denunciaron el intento de soborno a la Consejería de Empleo, que a su vez trasladó los hechos a la Fiscalía. Ni la comisión se pagó ni la subvención se entregó finalmente a Mercasevilla.