Análisis
Joaquín Aurioles
Política y economía, conflicto de poderes
La última actualización del informe de las actuaciones de la Fiscalía sobre el impacto de la pandemia de coronavirus Covid-19 en los centros de personas mayores o personas discapacitadas refleja una vez más que con relación a la provincia de Sevilla, el Ministerio Público sigue manteniendo 16 piezas separadas "relativas a diferentes residencias de la capital y la provincia", en el marco de unas diligencias preprocesales incoadas a cuenta de tal extremo, según dicho informe recogido por Europa Press.
En sus informes de esta índole, el Ministerio Público señala en primer lugar las "actuaciones de índole civil y tuitiva, tramitadas como expedientes gubernativos y diligencias preprocesales, preferentemente", una información "recabada por el fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las fiscalías provinciales, quienes se encuentran en permanente contacto con las autoridades sanitarias".
La Fiscalía diferencia tales expedientes gubernativos y diligencias preprocesales de los "datos referentes a actuaciones de naturaleza penal, tramitadas en el marco de diligencias de investigación en sede fiscal y/o procedimientos judiciales", una información "recabada por los fiscales superiores de las diferentes comunidades autónomas, resultando que la mayor parte de los archivos decretados hasta el momento responden al carácter prospectivo de las denuncias interpuestas en relación con hechos ocurridos en instalaciones sanitarias y/o centros residenciales de mayores".
En ese contexto, el último informe detalla al igual que los previos que con relación a Sevilla, la Fiscalía mantiene todavía incoadas unas diligencias preprocesales "con 16 piezas separadas relativas a diferentes residencias de la capital y la provincia", trataándose de actuaciones de índole no penal.
Fernando Santos Urbaneja, fiscal delegado en Andalucía de la Sección de Protección de Personas Mayores y con Discapacidad del Ministerio Público, había manifestado ya a Europa Press que la Fiscalía de Sevilla había incoado diligencias informativas en torno al centro de personas mayores Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache, que habría acumulado 30 fallecimientos por la pandemia y un total de 118 casos de contagio; y el geriátrico DomusVi Santa Justa de Sevilla capital, donde el número de muertes se elevaría a 16, entre otros centros.
El informe reitera además que la Fiscalía de Área de Dos Hermanas tiene incoados cinco expedientes gubernativos con relación a esta materia, en concreto por los datos recibidos, el seguimiento de las residencias, el seguimiento de las personas mayores fuera de las residencias, una incidencia "de no reingreso" tras una hospitalización y la solicitud de reubicación de un residente.
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