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El Crimen de Marta
La Fiscalía de Sevilla apoya la grabación para televisión del juicio por la muerte y violación de la joven sevillana Marta del Castillo y se ha opuesto a la solicitud de Samuel Benítez, el único de los cuatro acusados que ha pedido que se prohíba entrar a las cámaras en la vista oral.
Fuentes del caso han informado de que la Sección Séptima de la Audiencia, que enjuiciará a partir del próximo día 17 al asesino confeso de Marta y sus tres presuntos encubridores, ha dado traslado a las demás partes de la petición del abogado de Samuel.
Este letrado, Manuel Caballero, ha dicho que la prohibición de cámaras pretende preservar la intimidad de acusados y testigos para que tengan libertad en sus declaraciones y no se sientan presionados, y además quiere evitar que las cámaras "alienten" a las personas que se sitúen en las inmediaciones de la Audiencia.
A su petición no se han unido ninguno de los restantes acusados: el asesino confeso Miguel Carcaño, que se enfrenta a una petición de 52 años de cárcel, su hermano Francisco Javier Delgado y la novia de éste, María García, acusados como encubridores.
Por su parte, fuentes de la Fiscalía de Sevilla han indicado que van a apoyar el auto del tribunal que, el pasado 3 de octubre, ordenó que la cámara de señal institucional de televisión se sitúe en la posición que "tendrían los ciudadanos mejor situados dentro de la sala de vistas en espacio destinado al público".
"Esto es, con la misma perspectiva de visión que las personas físicas que puedan concurrir, pero en una situación privilegiada, la más cercana a los estrados del tribunal", según el auto.
Esta ubicación de las cámaras, que solo grabará a los acusados y testigos de espaldas, "permitirá al mismo tiempo minimizar su efecto en las personas que tendrán que declarar, cuya privacidad corresponde a este tribunal preservar", según el auto.
La resolución precisa que el tribunal "podrá acordar la interrupción temporal de la grabación videográfica cuando resulten concretamente afectados los derechos de alguna persona".
Según el auto judicial, la grabación del juicio responde a la "repercusión" e interés generado en la sociedad española de los hechos enjuiciados puesto que, "aparte de ser una garantía de los acusados y demás partes", la publicidad de los juicios "tiene como destinatarios naturales los ciudadanos, como forma de su conocimiento y control de la actividad de jueces y tribunales".
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