La Fiscalía pide los expedientes de 20 bodas celebradas por el falso cura

La Fiscalía de Sevilla ha pedido al juez que investiga el caso de Ángel Orellana, el falso sacerdote que ejerció durante siete años en la parroquia de Santa María de las Flores y San Ignacio de la barriada de Pío XII, que reclame la documentación de más de una veintena de matrimonios celebrados por el seminarista de la Archidiócesis de Cuenca (Ecuador).

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al juez de Instrucción número 4 de Sevilla que se requiera al Registro Civil para que aporten los expedientes completos de estos matrimonios, con la documentación que se incluyó para proceder a su inscripción. En los siete años que Ángel Orellana ejerció como sacerdote en esta parroquia ofició más de una veintena de matrimonios, que son las únicas ceremonias que podrían derivar en la comisión de algún delito.

La Fiscalía quiere que se examinen los documentos aportados para ver si se ha podido cometer algún delito. El Ministerio Público y el juez coinciden en que se debe investigar si la actuación de Ángel Orellana puede enmarcarse en un delito de falsedad documental, en relación con el resultado de estas ceremonias, puesto que las bodas generaron una actuación en el Registro Civil.

Según fuentes del caso, se podría haber inducido a un error al funcionario que procedió a la inscripción de los matrimonios en el Registro Civil, dado que para ese trámite se tiene en cuenta únicamente la partida de matrimonio que emite la parroquia.

Cuando estalló el escándalo, en mayo del año pasado, la Archidiócesis de Sevilla aclaró que los sacramentos del bautismo y matrimonio celebrados por Ángel Orellana durante el tiempo que estuvo en la parroquia de Santa María de las Flores y San Eugenio sin estar ordenado eran "claramente válidos, si bien son ilícitos". El arzobispado indicó que las parejas que habían contraído matrimonio en ceremonias oficiadas por este falso sacerdote "lo han hecho válidamente", aunque no ocurre lo mismo con los sacramentos de la eucaristía, la penitencia y la unción de enfermos, en los que se trata de "actos inválidos, pues requieren la potestad de la Orden".

El Arzobispado explicó entonces que Ángel Orellana se presentó en la curia diocesana procedente de Ecuador y acreditó su condición de sacerdote con una documentación que luego se pudo comprobar que era falsa. Orellana manifestó que se encontraba en la ciudad para hacer su tesis doctoral y pidió una parroquia en la que poder ejercer el ministerio sacerdotal. Desde el Arzobispado le indicaron que podría realizarlo en alguna de las cercanas a su lugar de residencia, en la barriada de Pío XII, pero en ningún momento se le asignó "oficio eclesiástico alguno", por lo que no estuvo en la nómina de la Iglesia ni se le encomendó ningún destino u obligación.