La Fiscalía detecta al año 20 casos de fraude a discapacitados por sus tutores

El área de discapacidad de la Fiscalía de Sevilla detecta al año una media de 20 casos de apropiaciones indebidas al patrimonio de personas que han sido declaradas incapaces judicialmente por sufrir una discapacidad o enfermedad mental. El fiscal Norberto Sotomayor, responsable del área de discapacidad en el Ministerio Público, explica que los abusos suelen ser cometidos por los tutores que se hacen cargo del patrimonio de estas personas declaradas incapaces. Al detectar estos casos, la Fiscalía incoa una investigación para corregir las irregularidades y denuncia las apropiaciones indebidas en el juzgado.

Entre los distintos casos que han llegado hasta la Fiscalía, Sotomayor expone, como ejemplo, el caso del tutor de una persona con discapacidad que adquirió dos coches y disfrutó de un viaje a costa del patrimonio del familiar considerado incapaz judicialmente. "Cada año detectamos en Sevilla 20 casos de este tipo y sólo son la punta de iceberg", advierte el fiscal.

Se trata de apropiaciones indebidas de la propiedad de personas que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y desprotección. Precisamente para tratar de impedir estas situaciones, los fiscales propusieron el año pasado la reforma del artículo 268 del Código Penal, sin éxito. En este artículo se excluye de responsabilidad criminal a los familiares directos (padres, hijos y hermanos) por delitos patrimoniales en los que no se produzca violencia o intimidación.

"Los fiscales tratamos en diciembre pasado de que la reforma del Código Penal incluyera un cambio de este artículo para los casos en los que la víctima es una persona discapacitada y declarada judicialmente incapaz", incide Sotomayor. El objetivo de los fiscales al reclamar esta reforma era tratar de procesar por la vía penal a los autores, familiares directos, de una apropiación indebida del patrimonio de una persona discapacitada o enferma. La petición de esta reforma no se realizó y, de momento, estos casos se siguen tramitando por la vía civil.

En cuanto a la declaración de incapacidad total, Sotomayor comenta la necesidad de que la legislación española se adapte ya a la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los discapacitados, que fue ratificada en 2008. "Una persona que se considere incapaz para gestionar su patrimonio, por ejemplo un anciano con alzheimer, sí debería tener derecho por ejemplo a tener 10 euros para echar la quiniela o para cualquier capricho o necesidad", concluye el fiscal.